La Junta Central Electoral (JCE) ordenó ayer el retiro inmediato de los medios de comunicación de un spot radial en el que figura el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por entender que cuyo contenido es de índole político proselitista.
En la publicidad que fue colocada en algunas emisoras de radios el funcionario promueve la reelección del presidente Danilo Medina.
Una nota de la entidad indica que el spot radial viola la prohibición de colocar mensajes o promociones político-electoral en los medios radiales, como lo dispone el párrafo I del artículo 12 del reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La decisión está contenida en la resolución No. 16-2019, emitida ayer por el pleno de órgano electoral, en la que además la JCE reserva su derecho de tomar las medidas que considere pertinentes para la ejecución de la resolución, de conformidad con la Constitución y las leyes.
La disposición fue tomada en la sesión del pleno de la JCE, presidido por el presidente de la entidad Julio César Castaños Guzmán y los miembros titulares Roberto Saladín Selín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos por el secretario general, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.

 Autoridades incautan especies en veda en restaurantes de capital

La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales informó ayer que en un operativo simultáneo en ocho restaurantes del Distrito Nacional contra la comercialización ilegal de especies en período de veda, confiscó 2,100 libras de langosta pinta, masa de cangrejo y dos aletas de tortuga carey.
Informó en una nota que luego de una investigación iniciada hace semanas estableció que los comercios incurrían en la práctica.

Indicó que los establecimientos fueron inspeccionados mediante orden judicial de allanamiento y que una vez terminados los registros, incautaron las especies que están en poder del Ministerio Público.

Detalla que los propietarios de los negocios tendrán que acudir a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente para establecer si procederá la apertura de procesos judiciales en su contra o llegar a un acuerdo, según corresponda.