El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que continuará con una de sus medidas más agresivas hasta la fecha para restringir la inmigración legal: Negar la residencia a muchos inmigrantes que se beneficien con el programa de asistencia médica Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda u otras formas de ayuda pública.
Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card» (la tarjeta de residencia) o legalizar su estatus deben demostrar que no serán “una carga» para el gobierno, pero las nuevas reglas agregan muchos más programas que serían elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.
Las reglas forman parte de una reestructuración drástica del sistema de inmigración de la nación que el gobierno ha estado impulsando, pese a las medidas jurídicas en su contra. Aunque gran parte de la atención se ha enfocado en las labores del presidente Trump para reducir la inmigración ilegal, incluidas unas redadas en Mississippi en los últimos días y la separación de los niños migrantes de sus padres, las nuevas reglas tienen como objetivo a la gente que ingresó a Estados Unidos de manera legal y que busca un estatus permanente.
Trump trata de que Estados Unidos tenga un sistema basado en las aptitudes de los migrantes, en lugar de en la reunificación de familias.
Bajo las nuevas reglas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal. Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses.