Propietarios de empresas que operan bajo la protección de la Ley 28-01 de Incentivo Fronterizo mostraron preocupación porque muy pronto tendrán que cerrar sus puertas, en caso que los congresistas no aprueben una extensión de esa ley que vence el primero de febrero del año 2021 y a la zona retornaría miseria, abandono y desempleo.
Durante un encuentro para discutir todo lo relativo a esa situación, los empresarios revelaron que más de 10 mil empleos se perderán en esa deprimida región y la pobreza volverá a ser blanco de hogares que hoy tienen sus problemas resueltos, volviendo así a los antiguos menesteres rudimentarios, como el sembradío del conuco.

El empresario Manuel Taveras, presidente de la Asociación de Empresas de Desarrollo Fronterizo (ADEFRO) lamentó que el proceso de las jornadas de trabajo que tenían estas comunidades y pueblos se perderán.

Recordó que que la Ley 28-01 de incentivo Fronterizo ha traído desarrollo a la zona, “y no tenemos que demostrarlo, porque los hechos están a la vista de todos”.

Aseguran los empresarios que la Ley 28-01 de Incentivo Fronterizo debe mantenerse en vigencia, no por 20 años, sino por más, porque la frontera se mantendrá en el mismo lugar, en el espacio y el tiempo.

Por eso hicieron un llamado al Congreso Nacional para que acuda en rescate de los miles de habitantes de la zona fronteriza, legislando para extender el plazo, beneficiando así a quienes nunca habían tenido nada y que ahora tienen algo.
Presión
El sindicalista y empresario Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), miembro del bloque de empresarios de la zona fronteriza, también mostró preocupación y acusó a la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de mantener una presión mediática al Gobierno y a los congresistas para que no extiendan el plazo de la cuestionada legislación.