Duele decirlo y mucho más reconocerlo, pero se han hecho realidad los peores temores que algunos albergamos al enteramos del asesinato de Anibel González a manos de su expareja, quien se benefició de un acuerdo irregular que lo sacó de la cárcel, donde guardaba prisión por inferirle cuatro puñaladas: que no se tratara de un caso aislado. El asesinato de Juana Dominga Salas, casi idéntico al de Anibel pues su victimario también salió de la cárcel por un acuerdo irregular, reavivó esos temores, y no podía ser de otra manera tratándose de dos casos similares, en apenas dos meses, en la misma jurisdicción y con los mismos protagonistas. Por eso está presa, y mal presa, la suspendida Directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, a quien se le imputarán cargos por asociación de malhechores, y complicidad en falsificación y actos de corrupción. Pero luego de la publicación de Diario Libre, en la que se revela que en el 2018 los fiscales de San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santiago hicieron 341 acuerdos en casos de violencia de género, está claro que no es la única que debería estar pagando las culpas de unas acciones que, como ha puesto en evidencia esa publicación, convierten en una charada el Plan Nacional Contra la Violencia de Género que ejecuta la Procuraduría con más alharacas que resultados. Ahora se entiende mejor porqué han fracasado los planes y campañas para detener la matanza de mujeres, y también porqué República Dominicana se ha convertido en el país de Latinoamérica donde se cometen más feminicidios, un dato que nos debe llenar de vergüenza. Pero también de impotencia y frustración, pues no se supone que a todos esos hombres violentos y abusadores, que nuestra cultura machista reproduce como la verdolaga, se lo pongan más fácil las mismas autoridades responsables de proteger a las mujeres que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino.