Es obvio  que se rompió la llamada “cadena de custodia” con la yipeta incautada en agosto, cuando se iniciaron los allanamientos contra los supuestos vinculados con la red de narcotráfico y lavado que dirigía César el Abusador, que el pasado sábado  habría sido  ocupada en Jimaní a la cónsul haitiana con asiento en Santiago. ¿Como llegó ese vehículo, valorado en más de 100 mil dólares,  a manos de una diplomática extranjera, cuando se supone que está bajo la custodia de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? Eso es precisamente lo que quieren saber los abogados del imputado José Bernabé Quiterio (Niño), a quien le fue incautada  en su residencia del sector capitalino El Vergel, a través del acto de alguacil que depositarían ayer en la tarde en la Procuraduría General, a través de la Oficina de Bienes Incautados, en el que intiman al Procurador Jean Alain  Rodríguez a explicar lo sucedido. Incontables son las historias sobre el usufructo ilegal de bienes  y vehículos  incautados  a narcotraficantes por parte de oficiales militares,  policiales  y funcionarios, que siempre han hecho fiesta con esas propiedades, pero está claro que en el caso de la yipeta ocupada a la diplomática haitiana se estaría pasando al siguiente nivel. Según lo que publicó ayer El Nacional la denuncia de los abogados dejó sin palabras a la directora de Relaciones Públicas de la Procuraduría, sin duda ganando tiempo para  ofrecer una explicación  razonable a este hecho que, de ser cierto, constituiría un nuevo escándalo. Que precisamente por eso no puede quedarse así, envuelto en un manto de silencio y sospecha, sobre todo porque el Ministerio Público no puede darse el lujo  de dar otro traspié  que nos  termine de convencer de que este caso le queda demasiado grande.