POR MARIO MENDEZ
En la industria local de medicamentos, agroquímicos y productos veterinarios, ha surgido la preocupación de que los productos  «genéricos» puedan ser sacados del mercado, si son modificadas las leyes y  los reglamentos que regulan su fabricación, empaque y comercialización.

El temor ha surgido tras presiones provenientes de las empresas multinacionales para que esas regulaciones sean modificadas.

Si es modificado, como estaría en la agenda de las autoridades, el reglamento 322-88 de la ley 311 de mayo de 1968 Sobre Uso y Control de Plaguicidas, el costo de producción en la agropecuaria estimado en un 30 por ciento podría llegar al 50 por ciento porque los agroproductores no tendrían opción y se verían obligados a utilizar productos de marcas patentadas, se explicó.

Se indicó que lo mismo pudiera ocurrir en el caso de los medicamentos genéricos para los humanos si es modificada con apenas cuatro años de vigencia la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, provocando poco margen para que los pobres puedan utilizar en la cura de sus enfermedades, medicinas sin el nombre de firmas fabricantes o distribuidoras, pero igual de efectivas y eficientes que las «originales».

Los genéricos son considerados productos estratégicos para las economías de los países en desarrollo porque permiten buscar la rentabilidad en el caso de la producción y facilita su compra a los más desposeídos en el caso de las medicinas.

Se explicó que estos beneficios estarían en peligro de desaparecer junto con millares de puestos de trabajo que se generan en la industria que elabora los productos genéricos o sin marca y los comercializadores, porque las multinacionales de las naciones poderosas han estrechado el cerco en su afán por sacarlos del mercado en base a la manipulación de las leyes y los reglamentos sobre la materia que existen en los países.

Hay naciones que como México, Guatemala y Belice por citar casos geográficamente familiares han sucumbido a las presiones comerciales y diplomáticas y han tenido que establecer un mercado en base a productos de marcas de las empresas transnacionales, aunque la mayoría de países del Sur y Centroamérica se han opuesto radicalmente a esta medida, porque afectaría a la mayoría de las clases desposeídas.

Según lo explicado, sacar del mercado los productos genéricos afecta por un lado la producción agrícola cuyo costo sobrepasa  el 30 por ciento, y con el uso de productos «originales» o de marcas comerciales lo elevaría al 50 por ciento por el incremento de precios de los agroquímicos y fertilizantes;  y en la pecuaria por elevarse los costos de las opciones veterinarias.

En el caso de los medicamentos para los humanos se obligaría a los pacientes a comprar  productos de marca cuando hay oportunidad de tratar las enfermedades a un costo por debajo entre un 40 y 60 por ciento.

LA SITUACIÓN

Sobre la economía nacional y en particular sobre los productores no sólo hay incertidumbre por los efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que abrirá un espacio para la competencia desigual con altos subsidios y tecnología, sino el interés de las multinacionales de la industria que buscan los países saquen del mercado los productos genéricos o no patentados con una marca, lo cual provocaría la desaparición de miles de empresas y puestos de trabajo.

Se informó que para tratar de conseguirlo, las multinacionales han acudido a infinidad de estrategias y presiones por la vía diplomática o buscando la modificación de las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia y desacreditando las bondades de los productos genéricos.

La imposición de sus criterios en determinados países ha provocado que las transnacionales hayan violado la libertad de comercio creado monopolios comerciales cuestionados por los acuerdos mundiales.

Ramón Castillo Lachapelle,. Presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA), denunció que existe un proyecto elaborado en la anterior gestión del presidente Hipólito Mejía para modificar el reglamento 322-88 de la ley 311 del año 1968, Sobre Uso y Control de Plaguicidas,  con lo que dijo se complacería a las multinacionales para sacar del mercado los productos genéricos en la agropecuaria, empeño que impulsan desde el año 1992 cuando entró en vigencia el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados  con el Comercio (ADPIC).

Recordó que el país asumió el compromiso de adecuar su legislación a dicho acuerdo a más tardar en enero del 2000, y que las leyes y reglamentos relacionados tienen poco tiempo de vigencia para ser ya modificados.

Según Castillo Lachapelle en la anterior gestión quedó sobre la mesa del Secretario de Estado de Agricultura un proyecto de modificación del reglamento 322-88 que sólo le bastaría la firma del titular de la cartera y que sea refrendado por el Presidente de la República, por ser un instrumento administrativo.

Llamó la atención al presidente Leonel Fernández y al secretario de Agricultura, Amílcar Romero, sobre los efectos negativos a la economía y a la política de crecimiento que impulsa el gobierno el plegarse a los deseos de las transnacionales, sacando del mercado la opción de los productos genéricos en la agropecuaria para forzar el consumo exclusivo de los patentados, lo cual dispararía a niveles no competitivos la actividad productiva del campo.

Castillo Lachapelle  sugiere a las autoridades nacionales que resistan como otras naciones y  mantengan la vigencia de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y el reglamento 322-88 de la ley 311 de fecha 24 de mayo de 1968 sobre uso y control de plaguicidas, si quieren la supervivencia de los productores agropecuarios y de los programas de medicamentos genéricos que ayudan a los más pobres a tener acceso a las medicinas a precios módicos.

Denunció que en la modificación del reglamento 322-88 de la ley 311, las multinacionales y sus representantes nacionales han llegado lejos en el intento de modificar las reglas de juego para dejarle el espacio monopolizado a las transnacionales.

«De lo que se trata es de producir un instrumento como un traje a la medida para que favorezca a las multinacionales», subrayó el presidente de  ANIMPA Lo que se busca es que se modifique el reglamento para que responda única y exclusivamente a las exigencias de las multinacionales, donde las personas no puedan registrar un producto por los requerimientos que se van a exigir con una posible modificación, y más que eso, que las multinacionales puedan a través de ese instrumento de regulación violentar un registro de forma ilegal y evitar la renovación de los registros vigentes. En el caso de los agroquímicos, los plaguicidas son registrados en el departamento sobre la materia en la Secretaría de Estado de Agricultura; si logran modificar todo, entonces se crearía un monopolio o serían las multinacionales las que dictarían las subsiguientes leyes, reglamentos y las modificaciones.

«Si ello ocurre, primero los precios de los agroquímicos se vana aumentar. Los agroquímicos representan el 30 por ciento del costo de producción de los productos agrícolas», dijo.

Señaló que ahora  resulta  que con un Tratado de Libre Comercio como el que estamos discutiendo, pendiente de firma,  tenemos el inconveniente de que no somos competitivos, que no podemos competir con actividades o productos de países desarrollados, y no es porque seamos ineficientes, sino por los altos niveles de subsidios.

Las naciones ricas tienen un subsidio a sus productores entre un 40 a  un 60%, imposible para competir desde un país pobre. Además el apoyo tecnológico, financiero y en infraestructura a los productores y los subsidios que les da el gobierno » nosotros jamás podremos ser competitivos, y cuando tengamos aranceles cero ambos países mucho menos».

PRECAUCION

Señala que las reglas legales que rigen la materia devienen de los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el caso de la ley de propiedad industrial, apenas tiene cuatro años de aplicación y ya quieren modificarla para » hacerse un traje a la medida» y sacar del mercado la competencia de genéricos que en ocasiones han llegado a conseguir más calidad y efectividad que el producto original y patentizado, algo que haría mucho daño al gobierno, a los consumidores y a la economía, por su poder de clausura de actividades productivas.

Castillo Lachapelle precisa que el gobierno también debe mantener la vigencia del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados (ADPIC) con el Comercio, porque está contenido en los acuerdos con la OMC, y es una regla de juego que no tiene porqué ser modificada.