El desafío de estructurar procesos electorales con resultados diáfanos y creíbles tiene de obstáculo esencial la lamentable resistencia de actores políticos que no se sienten cómodos al competir en igualdad de condiciones. Y si bien es cierto que existe una verdadera resistencia ciudadana respecto de métodos indecentes no podemos negar que toda la legislación que tipifica los delitos electorales no termina de convencernos porque las instancias llamadas a penalizar las malas prácticas exhiben una pasividad que colinda con la complicidad.
Las mentalidades tradicionales que intervienen en el carnaval comicial articularon mecanismos de acomodo que, con el paso de los años, encontraron en la ayuda social, el amparo del Estado, la cultura de comprar votos y la inversión millonaria de los aspirantes, el refugio por excelencia para edificar victorias. Así jugaron con las nuevas reglas sin renunciar a las mañas de siempre porque el proceso de prostitución del elector tiene un doble juego que victimiza al votante fundamentándose en sus carencias económicas, escasa cultura democrática y allana el camino de la retribución en un espacio de gobierno con posterioridad a resultados favorables.
Aunque los líderes hegemónicos sellaron la adhesión del elector alrededor del carisma, dotes de orador y militancia radical, sus relevos allanaron el camino de una transformación significativa en el comportamiento de los electores que comenzaron a medir el sentido del voto por ventajas personales. Y un ambiente político desprovisto de propuestas y carga ideológica produjo un descenso en la relación líder-votante, abriéndose una caja de pandora para que toda propuesta indecente acabara con las lealtades clásicas. Ahora el dinero sustituyó el mensaje, y en todo el tránsito de las campañas electorales la falta de contenido del discurso sirvió para asfaltar el camino de los mesías del clientelismo que, su auténtica contribución, la podemos definir como prostitución del voto.
Cuando la sociedad se alarma con razón porque el Plan Social de la Presidencia adquiere electrodomésticos con un marcado interés electoralista, la manipulación conduce a una defensa rastrera de los destinatarios de las ayudas porque circunscribe el alegato impugnador de las nefastas manías a una “defensa” ambientada en la dirección de que no podemos cuestionar la solidaridad gubernamental con los pobres. Y no es así. Lo indignante y vergonzoso radica en la instrumentalización de la ayuda que, en el marco de procesos electorales, intenta cambiar la intención del elector. Por eso, la jurisprudencia distorsionadora de los receptores de la ayuda pública y el reiterado criterio de los detentadores del poder en hacer énfasis en asociar la extensa red de beneficiarios de los programas de asistencia como caldo de cultivo de cuantías de ciudadanos atrapados y/o casi seguros votantes a favor de los candidatos de factura oficial.
Al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le tocó la tarea de implementar todo el tinglado de ayudas sociales de larguísimo alcance. Aunque en principio las políticas se estructuraron en la intención de que la mano solidaria del Estado llegue a los débiles, no tengo la menor duda que sirvió para profundizar la base electoral de una organización que al llegar al poder en el año 1996 supo de la importancia de una base electoral que se consolidaría por vía de un asistencialismo aprovechado inteligentemente por Joaquín Balaguer. Ahora bien, es de justicia admitir que ninguna organización que detentó el gobierno en las últimas 5 décadas ha tenido la habilidad de articular una red de comportamientos y conexiones que vinculan con una alarmante “eficiencia” en lo electoral las ayudas sociales.

El próximo domingo 16, el país tendrá una oportunidad cívica de excepción debido a que los niveles de insatisfacción fácilmente identificables en cualquier segmento de la pirámide social tienen un obstáculo práctico estimulado por la idea de que los electores pobres, por su nivel de vulnerabilidad, serán la fuente de compensación del flujo de votos indignados. Es la apuesta del poder. Por eso, debemos impulsar la madurez de la ciudadanía.