En los anales del crimen del país aparece más de un caso comprobado de hechos escandalosos cuyos autores estuvieron dirigidos desde las cárceles. Estar en una celda no impidió que algunos reclusos pejes mayores del delito continuaran liderando delincuentes. A la interactividad entre las cárceles y el exterior es atribuida la trama para causar la muerte a cinco reclusos que vivían en situación de privilegio en el penal de Higüey, denunciada por las autoridades del sistema penitenciario. El quid del asunto anda por ahí: si se tiene licencia para recibir todo tipo de visitas y armar juergas en los penales, no puede sorprender que existan conexiones para la criminalidad ni que el consumo de sustancias ilegales esté tan extendido.
La preservación del orden público no puede reconocer fronteras como las que permiten que algunos reclusos vivan delictivamente. Cabe admitir que en días recientes las autoridades hicieron esfuerzos por poner fin a tolerancias inauditas en los encierros. Pero lo hecho hasta ahora no basta. Lo urgente es el establecimiento de controles sistemáticos que impidan que los reclusos abusen de las facilidades para el contacto personal y la comunicación telefónica que les sean reconocibles como derechos. La aceptación de sobornos por parte de guardianes carcelarios para permitir esas situaciones debe ser detectada y combatida mediante una guerra sin cuartel.
La posesión irresponsable
Por lo menos dos personas jóvenes resultaron muertas y dos niños recibieron heridas en hechos separados durante el pasado fin de semana a manos de menores de edad que jugaban con armas de fuego. En cada caso gente adulta se descuidó con los artefactos mortíferos puestos a su cargo o permitió que adolescentes estuvieran armados en hogares. La desgracia en cada episodio fue propiciada por una condenable negligencia que debe encender una señal de alarma a esta sociedad sobre la aprobación a la ligera de porte y tenencia a ciudadanos que no tienen conciencia sobre los riesgos que para sus propias familias encierran los revólveres y pistolas.
Hay que decir más: los padres o tutores que con su conducta irresponsable dieron pie a estas tragedias deben ser juzgados por incurrir en omisiones con daños al prójimo para las cuales la ley reserva como debe ser específicas sanciones en adición a las que sus propias conciencias les reserven.