El asesinato del coronel (r) José Amado González, atribuible por claros indicios a alguna organización del narcotráfico local e internacional, presenta además, por lo que ha trascendido o informado de manera formal, los perfiles de un hecho atrozmente cometido por individuos que se aprovechaban de investiduras o de vinculación a organismos de seguridad y persecución de la delincuencia. Sin ánimo de especular, ni de lanzarse por adelantado a llegar a conclusiones sobre sucesos y posibles complicidades que sigue en fase de investigación, hay que decir de todos modos que la opinión pública está consternada por las características del crimen y las implicaciones que se insinúan. Ante la ciudadanía, las dudas solo podrían ser despejadas por una investigación profunda y transparente que revele las identidades y connotaciones de los autores.
Tras el asesinato, voces muy autorizadas dentro del Gobierno han hablado de una forma que no deja duda sobre la gravedad del hecho y su condición de abierto desafío a la ley y a sus guardianes. Desde el litoral del que surgen esas voces se han pedido, como en ocasiones anteriores, drásticas medidas del Poder para enfrentar el Narcotráfico, lo que manifiesta enfáticamente la certeza que existe en uno de los ámbitos oficiales de que el crimen organizado se manifiesta poderoso y se comporta con una audacia que espanta.
Protección para las instituciones
Muchos ciudadanos han esperado desde hace cierto tiempo motivos suficientes para confiar en que al interior de instituciones del orden e inteligencia se lleva a cabo una observación cuidadosa para descubrir a tiempo vínculos perjudiciales para el país que algunos de sus miembros puedan haber creado con grupos reñidos con la ley, nexos que por lo regular se delatan mediante una posesión y disfrute de bienes que no podrían justificar.
Hechos como las ejecuciones de Paya en agosto del 2008 fueron seguidos por promesas del más alto nivel de que habría para el futuro mecanismos de investigación adicionales a los existentes para comprobar conductas. En este momento de preocupación por la posible infiltración del crimen en delicadas áreas se necesita un compromiso contundente de que efectivos mecanismos de detección de conexiones ilícitas van a funcionar.