POR SOILA PANIAGUA
La República Dominicana gestiona ante el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la creación de un mecanismo que permita solucionar el problema de las remesadoras dominicanas afectadas por el cierre de cuentas bancarias en esa nación.

Lo dijo ayer el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien se reunió con representantes de la Asociación Dominicana de Empresas Remesadoras de Divisas (Aderedi) y de la Asociación Dominicana de Agencias de Cambio (Adocambio), para dar seguimiento a la búsqueda de una solución al cierre de cuentas de esas empresas en los bancos estadounidenses.

Las gestiones se hacen a través del embajador dominicano en Washington, Flavio Darío Espinal, dijo Valdez Albizu, quien comentó que Estados Unidos, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, tomó una serie de medidas con respecto a las empresas de envío de divisas.

Asimismo, con miras a buscar una solución a ese problema, técnicos del Banco Central contactaron a empresas de México afectadas por el cierre de cuentas en Estados Unidos, para conocer las medidas que ha tomado al respecto y explicó que han decidido agruparse y asociarse a bancos locales.

Las autoridades norteamericanas están convencidas de que esas empresas son de alto riesgo, en lo que tiene que ver con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Esa disposición no sólo afecta a la República Dominicana, sino también a países como México, El Salvador, Perú y Filipinas, entre otros, sostuvo Valdez Albizu.

En el instructivo de la Red de Persecución de Delitos Financieros (Fincen por sus siglas en inglés), no hay ningún punto que sugiera que los bancos estadounidenses tengan el mandato de cerrar las cuentas a las remesadoras, aunque sí define claramente los servicios que deben prestar las entidades de este género.

«Lo que hace el documento es definir una serie de condiciones que deben ser cumplidas para que los bancos no incurran en faltas y sean sancionados», manifestó Valdez Albizu.

Explicó que los bancos estadounidenses toman esas previsiones, porque temen el riesgo de ser penalizados y cuidan que no se afecte su reputación, a más de evitar costos excesivos por el cumplimiento de las regulaciones.

Mientras que representantes de las empresas remesadoras reconocieron que han ido mejorando las relaciones con los bancos extranjeros.

Manifestaron su interés de que se extienda el plazo para la evaluación de las remesadoras en Estados Unidos, que venció el pasado 30 de abril.

En otro orden, las autoridades del Banco Central llamaron a las empresas remesadoras y a las agencias de cambio a unirse al proyecto de «Plataforma Electrónica de Divisas», el cual contribuirá a eliminar el exceso de intermediación y agilizará las operaciones.

Con esta plataforma, el Banco Central sólo servirá de árbitro, monitoreando las operaciones para garantizar transparencia y evitar ruidos que afecten el mercado de divisas.

Valdez Albizu refirió que la Junta Monetaria aprobó la modificación al artículo 13 del reglamento cambiario, que instruye a la gerencia del Banco Central a presentar los requisitos que deben reunir las remesadoras y agencias de cambio que deseen operar bajo esta plataforma.

Entre los participantes en la reunión estuvieron Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora; el gerente de la institución bancaria, Pedro Silverio, el subgerente técnico, Rolando Reyes, la directora del departamento internacional, licenciada Ana Beatriz Rodríguez; el director del departamento de tesorería, licenciado Frank Montaño y Julio Estrella y Angie Fondeur.

También Freddy Ortiz, Víctor Méndez Capellán, Augusto Peignand, Ernesto Elías Armenteros, Juan Hernández, Emilio Hasbún y Juan Sánchez, entre otros.