RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
República Dominicana se encuentra en el punto justo de las definiciones, o enfrentamos con inteligencia y acierto la delincuencia, con planes más allá de barrio seguro que incidan en las raíces del problema, o de lo contrario el aumento del índice de criminalidad nos llevará a competir con las naciones más inseguras de la región y ese deterioro, aparte de disminuir la calidad de vida de los ciudadanos decentes, tendrá un impacto negativo en el turismo y la inversión.

Se ha dicho y repetido que las causas fundamentales del incremento de la criminalidad han sido la impunidad, una policía infiltrada por los mismos delincuentes, el narcotráfico y la pobreza.

Es cierto que la impunidad estimula la delincuencia y la corrupción. Una parte de la impunidad es consecuencia de la incapacidad de la policía y la de un sistema judicial, a pesar de todos los avances, en donde es factible evadir el peso de la ley cuando se cuenta con recursos. Sólo con una Suprema Corte de Justicia vigilante de los jueces “flexibles” podremos reducir los niveles de impunidad.

También es necesario un Ministerio Público con los mecanismos de vigilancia interna para detectar los funcionarios indolentes y permisivos al soborno. Para ponerle coto a la impunidad es necesario un sistema que administre justicia con rapidez y aplique sanciones severas a los violadores de la ley.

La Policía se ha constituido en el chivo expiatorio del debate, olvidando que ese cuerpo fue durante décadas un instrumento de represión política y cuando la democracia no necesitó de esos servicios, entonces el cuerpo fue virtualmente abandonado en término de suministrarle el debido equipamiento, los salarios adecuados y la preparación para enfrentar un incremento de la delincuencia que era previsible por el crecimiento desordenado de las ciudades y el aumento de la pobreza. A la Policía hay que reinventarla de nuevo, limpiarla de los delincuentes con una acción de inteligencia a cargo de un bien formado departamento de asuntos internos, por supuesto entrenar adecuadamente y pagar buenos salarios. No es posible continuar con un cuerpo con 30 mil miembros y menos de cinco mil en labor de patrullaje ya que el resto está distribuido entre embajadas, funcionarios, seguridad para empresas privadas y una larga nómina de vinculados y familiares de altos oficiales que representan una carga muerta para la institución. Si no contamos con un cuerpo policial depurado de delincuentes, con oficiales probos, investigadores eficientes y patrullas diseminadas en toda la geografía presta a defender al ciudadano, entonces no habrá éxito contra la violencia.

El otro causal más señalado es la pobreza, pero resulta que siempre ha existido la pobreza en esta nación, sin embargo en el pasado esa pobreza extrema no fue generadora de un nivel de criminalidad tan elevado. Por supuesto, la diferencia entre el pasado y el presente es la caudalosa ostentación de una minoría que exhibe sus bienes, bien

habidos o no, cual insulto en contra de una gran mayoría que sobrevive con menos de un dólar diario. Necesariamente la justicia distributiva del Estado cobrando los impuestos a los mas ricos e incrementando sustancialmente el gasto social, especialmente en educación, representa la única fórmula para reducir la brecha extraordinaria en la distribución del ingreso.

Del narco sí hay que hablar. De territorio puente entre los productores de Sudamérica al mercado de los Estados Unidos y Europa, se pasó al consumo masificado gracias a la cuota de drogas dejada en el país como pago. El consumo de drogas se ha extendido a los rincones más apartados de la geografía y esa masificación genera criminalidad, por un lado el enfrentamiento de bandas por el control de los puntos de ventas, mientras los drogadictos de más bajos recursos necesariamente deben recurrir al robo y al crimen para financiar la dependencia y esa es una de las causas eficientes del incremento de los asaltos, robos de celulares etc. Del lado de las autoridades contamos con una DNCD muy eficiente para atrapar grandes alijos o detener extranjeros que intentan sacar la droga del país. Y no es accidental ese éxito porque la DNCD es hechura de los norteamericanos y las prioridades del DEA son evitar la penetración de su territorio por la droga o en defecto que los capitales resultantes del tráfico no salgan de sus fronteras lavados a nuestros países. La lucha contra el crimen y la delincuencia necesariamente debe pasar por una profunda reestructuración de la DNCD o la creación de otro cuerpo que sea capaz de enfrentar el micro-trafico.

¿Y las Fuerzas Armadas? No es correcto usarlas en labor de patrullaje, se dice que no están preparados y podrían actuar contra la población civil con mayor brutalidad que la propia Policía. Vamos admitir que eso es correcto, pero los cuerpos de inteligencia de los diferentes cuerpos de las FFAA, las J2, M2 etc. etc. pueden realizar una interesante labor de inteligencia infiltrando bandas y al crimen organizado, contribuyendo a una labor preventiva y auxiliar de la Policía.

Al final del Consejo de Gobierno del pasado lunes las autoridades anunciaron una serie de medidas, a nuestro juicio correctas, las cuales deben formar parte de otras acciones enmarcadas en un programa global, detrás del cual todos los poderes del Estado y la sociedad en su conjunto se deben unir en una especie de cruzada contra la delincuencia para devolver la seguridad a nuestras ciudades y la tranquilidad al ciudadano pacífico y trabajador.