Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Se habla de una posible negociación entre la Fiscalía del Distrito Nacional y los cincuenta y pico oficiales de la Policía Nacional que están siendo juzgados por el uso indebido de vehículos robados. Yo no sé si el nuevo código de procedimiento penal prevé la negociación entre la autoridad y los delincuentes para rebajarles la pena a cambio de trabajos especiales. Pero en un caso tan escandaloso como éste, aunque la ley lo permita, no debe haber arreglos, sino que el juicio debe llevarse hasta el final y dejar que los jueces impongan las sanciones de lugar.
Aquí se plantea otra vez el tema de la diferencia entre lo legal y lo moral. Una acción determinada puede ser legal, pero inmoral. Y viceversa. Porque la ley y la ética suelen ir por caminos paralelos, pero hay veces que esos caminos se separan. El caso de los vehículos robados y utilizados por los supuestos guardians del orden público demanda que, además de los preceptos legales, se cumplan al pie de la letra las normas de la moral. Porque si no, estaríamos dando la espalda a la propia razón de ser de un cuerpo policial que ha sido creado para mantener el orden público y proteger los derechos ciudadanos.
La negociación, pues, no procede en este caso. Ni siquiera a cambio de mil horas de trabajo comunitario, como se pretende. ¿Cómo se mide, por demás, el trabajo comunitario? ¿Quién va a llevarles ese record a los generales, coroneles y demás oficiales implicados en este escándalo?
El juicio, que llegue hasta el final. Cualquier otra cosa sería otra burla a la justicia.
