Ya los dominicanos, especialmente los de la ciudad capital,  han hecho una costumbre –a nuestro entender sumamente comprometedora- el acudir a los medios de comunicación, radiales, televisivos y hasta escritos, para dirimir situaciones en las cuales, a veces involuntariamente, tratan de involucrar al entrevistador para que tome partido por una causa determinada. 

Si bien es cierto que algunos de los que dirigen estos programas son verdaderos profesionales, no es menos cierto que los límites hasta donde pueden llegar sin enfrentar una posible demanda son muy limitados y depende de la habilidad de ambos actores para llevar el diálogo a feliz término.

Es enervante y desagradable tener que escuchar argumentos, muchos baladíes, con los cuales se pretende justificar una acción u omisión.  Se desbarra y se afirma o deniegan  circunstancias o acciones en las cuales se han visto implicados ciudadanos cuya honra, sin razón, justificación o interés, se pone en una especie de “foro público”.  Cuando los rumores o los hechos o actuaciones son infundados, se puede incurrir en acusaciones o falsos testamentos pasibles de ser llevados ante los tribunales de justicia, demanda que muy puede ser para que pruebe la imputación hecha pública sin fundamento alguno.

 Hemos escuchado programas que le piden a determinado personaje que les llame para dilucidar un hecho o realidad, que muy bien puede ser un chisme que los oyentes morbosos disfrutan hasta la exacerbación.  Lo increíble de todo esto es que los entrevistados no son simples ciudadanos, sino abogados, médicos, ingenieros, economistas, periodistas y hasta encumbrados funcionarios públicos que desconocen la responsabilidad del cargo que ocupan y se explayan en declaraciones y afirmaciones soeces, la mayoría de las veces politizadas.  Cuántos malandrines no han salido fortalecidos y hasta triunfadores, debido a que sus compinches inescrupulosos se dan a la tarea de llamar para respaldarlos.

Creemos que estos programas deben ser reglamentados, ya que cuando se atenta contra la honra o la conducta o el proceder de una persona, si se comete la injusticia por ser infundadas las acusaciones, el mal está hecho y es irreparable.  Por lo tanto, será muy difícil resarcir, aunque la retractación la haga la  misma persona que incurrió en la acusación, ya que el celebro del ser humano ha gravado este hecho y no dará marcha atrás en su razonamiento. 

Por eso, los directores de estos programas de opinión, deben saber cual es la raya que limita lo factible legalmente, o el terreno en donde la justicia debería actuar.  Estos programas populares por el nivel de participación del público, deben ser tamizados por los organismos estatales, porque si bien es cierto que existe constitucionalmente la libertad de expresión, la misma, como  expresamos anteriormente, debe tener un límite para no  caer en el terreno de lo infamante.