JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días indican que vivimos en un mar de incoherencias y confusiones que por momentos parecen fruto de una mano maestra de la perversidad, aunque son en realidad una expresión de la extrema degradación a que está llegando peligrosamente la política dominicana.

Es como si políticos de todas las corrientes estuvieran empeñados en arrancarnos a jirones la poca fe que nos va quedando en las instituciones políticas y sus líderes. Como si de esa forma fueran a borrar del mapa todo género de cuestionamientos para vivir, entonces sí, a sus anchas, en un mundo de anomias y anemias sociales, económicas y políticas.

Por razones de espacio tengo que concentrar esta reflexión en lo ocurrido en el Congreso Nacional, sin que ese sea el único ni el principal escenario de incoherencias, confusiones, transacciones y corrupción de la sociedad dominicana. Pero de que está compitiendo por el primer lugar no hay dudas.

Primero fue la aprobación del infame contrato para equipar la Policía Nacional, firmado por el gobierno sin concurso, con honorarios y comisiones sin precedentes, y con sobreestimaciones de precios que van desde 50 hasta 400 por ciento. En el Senado hicieron un mamotreto de «informe de comisión de estudios». Los diputados ni eso. Tenían tanta prisa en aprobar esa linda pieza que la liberaron del trámite normal de la comisión de estudios.

Después, ya cuando se acaba la legislatura, que para la mayoría fue la última porque terminan su período como legisladores, revivió de improviso –con una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo- el proyecto de isla artificial, que hasta sus propulsores, incluyendo al presidente Leonel Fernández, habían dado por muerto tras los generalizados cuestionamientos de que fue objeto el año pasado.

De pronto, sin previo aviso, senadores y diputados de oposición, en su mayoría miembros de partidos que habían rechazado la peligrosa aventura insular, sesionando hasta las madrugadas, decidieron desafiar a los dirigentes de sus organizaciones políticas para dar su aprobación al proyecto.

Otro tanto ocurrió con el financiamiento para el metro de Santo Domingo, que originalmente se dijo que sería construido sin endeudamiento, «con recursos propios» como hizo Balaguer la inmensa inutilidad del Faro a Colón.

Entre set y set se adicionó también la provincia número 32, con una decena de municipios y distritos municipales. Y no se sabe cuántas pensiones para legisladores salientes de varios partidos políticos, incluyendo algunos que son millonarios, en un país donde hay tantos maestros enfermos y muriendo de hambre por carecer de una pensión mínimamente digna.

Pero las sorpresas no se han quedado en el ámbito congresional. Las mayores están vinculadas con el Poder Ejecutivo. Y ahora resulta que nadie es padre ni madre del oneroso contrato para los equipos policiales, y el director de prensa del gobierno advierte que quienes quieren la isla artificial tendrán que buscarse otro presidente porque el doctor Fernández no lo firmará. Ciertamente el presidente tiene poder de veto sobre las decisiones del Congreso y puede observar y devolver pensiones, contratos y proyectos de leyes. Se espera que observe el que crea la provincia Mella y los paquetes de pensiones al vapor. Pero ¿devolverá también los contratos enviados por él mismo, como el de la Isla Artificial y el de los equipos para la Policía?

Bueno, del de la isla puede reivindicar el desinterés que se anunció a fines del año pasado. Pero tendrá por lo menos que desautorizar públicamente a su consultor jurídico que mediante carta lo revivió.

Pero aún así la confusión prevalecería. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó que los legisladores de oposición de golpe parecieran más obedientes a los proyectos oficiales que los del mismo partido de gobierno, hasta el punto de desafiar a sus propios partidos? ¿A cambio de qué? Y sobre todo, ¿quién o quiénes fueron los mediadores o negociadores? Y ¿quién perderá lo invertido?

A no ser que en su prepotencia nuestros políticos lleguen a creer que todos los dominicanos y dominicanas somos idiotas y nos vamos a creer que esos acontecimientos son simples confusiones o incoherencias accidentales. Como la carta del consultor jurídico que llegó al congreso «por confusión», según las  declaraciones de los voceros oficiales.

Tan aparatoso es el papelazo hecho por las cámaras legislativas, como el del Poder Ejecutivo. Parece como si hubiesen concertado para seguir arrebatándonos la poca credibilidad que nos queda en las instituciones nacionales, especialmente en la política y los políticos. Ojalá nos dejen algo para el futuro.-