El secretario de Finanzas, licenciado Vicente Bengoa, dijo ayer que el gobierno no ejecutará el préstamo de US$132 millones que sería utilizado para equipar a la Policía Nacional, luego del cuestionamiento de que fue objeto después que lo aprobó el Congreso Nacional. Asimismo, Bengoa  aclaró en rueda de prensa que aunque el  préstamo fue aprobado por el Poder Legislativo, el  Presidente de la República no está obligado a ejecutarlo.

El préstamo incluye un crédito de US$59 millones con un banco no especificado y otro por US$75.5 millones con la compañía The Sun Land Group, que también aparece como proveedora en el proyecto que se ejecutaría.

Sobre esto último, Bengoa admitió que por las condiciones en que fue aprobado el préstamo que “lo ata a su suplidor” se viciaría la Ley de Crédito Público aprobada por el Congreso el año pasado.

Precisamente Bengoa fue quien suscribió el acuerdo con la compañía, junto al secretario de Interior y Policía, licenciado Franklyn Almeyda.

El funcionario explicó que como  el préstamo se ata al suplidor, entonces el Estado no podría llamar a licitación pública para comprar los equipos para la Policía Nacional.

Entre los equipos que se comprarían con el préstamo figuraban 610 camionetas doble cabina 4×4 turbo diesel, 1000 motores de 150 cc y otros 20 franqueadores de 650cc.

Horas antes de Bengoa ofrecer sus declaraciones, el director de Prensa de la Presidencia, Rafael Núñez, había declarado que el  presidente Leonel Fernández designó ayer una comisión de alto nivel que estudiaría todos los pormenores del préstamo en cuestión.

Núñez explicó que la comisión la integrarían Bengoa, Almeyda y el secretario Técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montás.

“Es interés del Presidente de la República que los comisionados escuchen los distintos puntos de vista de sectores que han planteado consideraciones de valor respecto del préstamo, de manera que éste contrato se maneje con la transparencia e idoneidad que amerita”, decía uno de los párrafos de la declaración escrita entregada por Núñez en el Palacio Nacional.

En ella se insistía en destacar que el presidente Fernández había ordenado que se escuchara a todos los sectores que desearan exponer sus puntos de vista sobre el contrato.

Entre las personas que cuestionaron el préstamo figura la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien pidió  la revisión e incluso, la  anulación del contrato, al entender que era lesivo al interés nacional, tras cuestionar los altos honorarios y beneficios que se consignan en el mismo a favor de la compañía.

compañía defiende prestamo

Ayer, la  compañía The Sun Land Group  justificó el monto del préstamo de  los U$$132 millones y defendió la calidad de los equipos, de los cuales dijo que son de la más alta tecnología.

Rafael Suncar, vicepresidente de la empresa, afirmó que en el caso de las computadoras portátiles que contempla el proyecto, las cuales oscilan entre los US$9,000 por unidad, tienen la  particularidad que están cubiertas de titanio y muelles en sus discos duros, para evitar que sufran desperfectos durante  persecuciones o en terrenos accidentados.

Asimismo, con relación a los vehículos afirmó que cada una de las unidades tendrían 26 configuraciones básicas, motor diferente, suspensiones especiales, gomas reforzadas, así como parachoques delantero y trasero, lo que garantizaba su durabilidad y vida útil.

Manifestó que las instituciones que cuestionan el préstamo usan como referencia precios de vehículos corrientes, los cuales son de uso normal en la población civil.

“Esto también conlleva la construcción de cinco talleres regionales, varios talleres móviles, un almacén de repuestos y entrenamientos continuos para el personal, a fin de garantizar la eficiencia del personal técnico”, explicó Suncar.

Con relación a la decisión  del gobierno, Suncar dijo reconocer la potestad que tienen las autoridades para tomar las medidas que consideren pertinentes.

Sin embargo, aclaró que de concretizarse dicha posición, las autoridades tendrían que ajustarse a lo establecido en las cláusulas del contrato.

Precisó que el contrato fue elaborado a finales de 2004, pero que fue a finales del mes de mayo de este 2006 cuando se firmó.

Con relación a la aprobación por parte del senado, Suncar negó que la empresa haya sensibilizado a los congresistas para que votaran a favor de la moción, ya que esas decisiones son de carácter político que  la empresa nada tiene que ver.

“Nosotros, no es que los convencimos (a los legisladores). El proyecto se llevó (al Congreso), se le dieron las explicaciones de lugar (a los legisladores)  y en función de eso tomaron su decisión”, dijo.