JOAQUÍN RICARDO
En los últimos días, hemos visto en los medios de comunicación la airada protesta de ciertas autoridades ante lo que ellas mismas han denominado “una conjura en contra del país”. En esta última frase han querido sintetizar los requerimientos que han formulado grupos e instituciones foráneas acerca del cada día más agobiante e insoportable problema de la inmigración haitiana y los deseos de legalizar la presencia de “una minoría que reclama sus derechos”.

No podemos soslayar que los conflictos entre clanes, tribus, grupos étnicos y comunidades forman una parte considerable de la historia. Estos conflictos denominados “guerras de línea de fractura” han sido ampliamente estudiados y reseñados. Samuel P. Huntington, profesor de Ciencias Políticas y director del prestigioso Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard ha escrito ampliamente sobre el tema. Mientras tanto, con la complicidad de importantes grupos nacionales y ante la olímpica indiferencia del gobierno, continúan las entidades extranjeras aupando la fusión de las dos naciones que ocupan la Isla. Poco importa que con esta acción se inicie la “balcanización” del país. No importa, no es en su territorio, sino en el nuestro.

Sin restarle importancia a las escasas y a veces airadas respuestas por parte de las entidades oficiales, es preciso señalar que la ofensiva permanente de estas organizaciones no ha encontrado una defensa bien articulada por parte de las autoridades nacionales. Más bien se responde con debilidad y con vacilaciones. La consecuencia directa de la tímida y temerosa defensa que se hace de la nacionalidad es la permanente injerencia de extraños en los temas nacionales. Cada día se hace más patente la injerencia extranjera en los mecanismos de toma de decisión del Estado. De ese Estado Penetrado a que se refería la teoría de la dependencia, muy citada por los sectores “liberales” en la década del setenta, ese mismo “liberalismo democrático” que aspira a continuar al mando del Estado.

Cuando el doctor Balaguer formuló la denuncia de que Gobiernos y  estamentos de poder extranjeros alimentaban el sueño de fusionar dos pueblos con características muy disímiles en uno solo, único e indivisible, hubo sectores del país que rechazaron los términos de la denuncia con calificativos de discriminación y de racismo. El tiempo le ha dado la razón al fenecido estadista y hombre público.

No obstante las presiones de aquellos que antepusieron su preferencia política al supremo interés de la nación, el doctor Balaguer tomó las providencias necesarias para salvaguardar al Estado Dominicano. Esas decisiones en contra de los poderes fácticos del Continente fueron factores determinantes en su “salida negociada” del poder, en la tristemente célebre reforma constitucional de 1994. 

En la actualidad,  con los supuestos liberales en el poder, al enviarse desde las más altas esferas oficiales señales tan débiles y ambivalentes, los resultados no se hacen esperar. Las denuncias continúan y aumentan las injerencias por parte de las entidades y organizaciones internacionales en los asuntos internos de la República. Las opiniones acerca de nuestros problemas no cesan. Opina quien quiere y acerca de todo, bajo la mirada complaciente de un gobierno postrado que no desea lastimar a los donantes. Como prueba de mis afirmaciones, les refiero lo siguiente: Existe un reglamento para la vigente ley de Migración y no se presenta. El tema de la condena del país por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos trajo, después de un prolongado y extraño silencio por parte del jefe de la diplomacia  dominicana, una afirmación de que no se aceptaría ese fallo. Sin embargo, dos días más tarde se procedía a cumplir con la indemnización a las extranjeras que indicaba la referida sentencia. La nacionalidad se trata como otra propuesta más dentro de una polémica reforma constitucional, tomando como base la expresión orientada de unas “consultas populares” verticalmente dirigidas.

 Si lo anteriormente señalado no fuese suficiente, escritos como el del doctor Miguel A. Roedán Hernández, publicado en la sección de Opinión del prestigioso matutino Hoy, en su edición correspondiente al día 19 de marzo del año en curso, en el que se narra, con amplios detalles, la “gran cantidad de actas de nacimiento que se le otorgaron a los nacionales haitianos producto de las declaraciones tardías falsas”, no despertaron ni despiertan el interés de las esferas gubernamentales. En ese entonces, cuando se produjo la denuncia, nos referimos al año de 1997, la respuesta a las inquietudes del denunciante fue la cancelación de la posición que dignamente ostentaba.

Por otro lado, la Junta Central Electoral dispuso la apertura de un libro para registrar el nacimiento de los hijos de extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país. Esta importante medida sólo ha encontrado un tibio respaldo por parte de las más altas esferas gubernamentales, ocupadas en otras prioridades, a las que le asignan una mayor importancia y relieve.

Mientras la nacionalidad sigue siendo objeto de intromisiones inaceptables, sólo se escuchan los rugidos del león en su afán por mantenerse como el rey de esa tupida selva.

Los acontecimientos lucen indicar, y es lo más penoso de todo, que nuestra soberanía parece estar en pública subasta, mientras que nuestras autoridades y los turiferarios de siempre, parecen distanciarse cada vez más del sueño del Fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Diez.