RAFAEL TORIBIO
Después de haber dedicado la mayor parte de su vida a la defensa de los derechos, como ella, de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, recibió hace poco el Premio de Defensora de los Derechos Humanos, otorgado en Washington por una fundación en memoria de Robert Kennedy; haber sufrido recientemente una delicada operación, y mientras se celebraba en el país una conferencia internacional sobre las migraciones, se hace de conocimiento público los resultados de una investigación y la solicitud de que le sea revocada la nacionalidad dominicana a la señora Sonia Pierré.
Los primeros en reaccionar fueron precisamente los asistentes a la indicada conferencia, entre los que había extranjeros representantes y pertenecientes a distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos de los inmigrantes, expresando extrañeza y condenando el hecho por entenderlo como muestra de discriminación.
Soy de los que les cuesta aceptar interpretaciones acomodaticias de nuestra Constitución respecto a la nacionalidad y legislaciones de marcado tinte político con las que se quiere tapar el sol con un dedo, tratando de solucionar lo de ahora en adelante, ignorando con un silencio cómplice derechos adquiridos que deben ser reconocidos. El argumento para negarle la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos, alegando que son extranjeros en tránsito, aunque tengan más de 20 años residiendo en el país y hayan cotizado al Instituto Dominicano del Seguro Social, es muy difícil de defender, como me confesaba un entrañable amigo y ex ministro de Relaciones Exteriores.
Se me hace difícil aceptar también que la condición de los padres siga a la de sus hijos, que es lo que pretende la decisión de la Suprema Corte de Justicia al entender que la ilegalidad de los padres no permite el reconocimiento de la nacionalidad a sus hijos nacido en nuestro país. A mi modo de ver, una decisión legal no tiene que ser necesariamente justa, y esta me parece que no lo es.
Lo que tenemos en la actualidad con relación a la inmigración haitiana y sus descendientes nacidos en territorio nacional, es el producto de la dejadez y la irresponsabilidad de nuestros gobiernos, las torpezas reiteradas en el manejo de tan delicado asunto y la hipocresía de quienes se benefician de una mano de obra barata con pocas posibilidades de exigir sus derechos, empezando por muchos empresarios y el propio gobierno.
En un mundo globalizado no podemos pretender que se les reconozcan a los dominicanos en el exterior lo que nos negamos reconocerles a los inmigrantes haitianos y sus descendientes en nuestro país. Perdemos la razón y el derecho que nos asistente de ejercer nuestra soberanía en materia migratoria, regulando la inmigración y repatriando a los ilegales, por los procedimientos que normalmente usamos, incluyendo el desconocimiento de decisiones de tribunales con legalidad, legitimidad y competencia regional. Con frecuencia olvidamos que aún los ilegales son personas humanas, con derechos que les deben ser respetados.
La investigación de que ha sido objeto la señora Sonia Pierre, así como la solicitud de que se le revoque su nacionalidad, ha sido, a la vez, injusta, inoportuna y torpe. Injusta porque nació en el país, donde tiene su domicilio y reside su familia. Inoportuna, porque la señora Pierre es reconocida internacionalmente como una defensora de los (as) dominicanos (as) de ascendencia haitiana. Torpe porque el momento que se escoge para darlas a conocer a la opinión pública no pudo ser más contraproducente desde el punto de vista político: precisamente cuando en el país se realiza una conferencia internacional sobre migraciones.
La solidaridad, entendida como la ternura de los pueblos, recomienda que en la relación entre los pueblos debe primar la compasión y la colaboración en la solución de los problemas que afectan la vida de los (las) ciudadanos (as) de otros países, máxime si son vecinos. Cuando esto no es posible, al menos debe hacerse presente la comprensión y la prudencia, nunca la arrogancia y el desprecio.
Como en nuestro país la temeridad y la insensatez se ha adueñado del discurso, espero que no se le ocurra a ninguno de los patrioteros del patio, ni a nadie que se sienta comprometido con la verdad, demandar o realizar una investigación para determinar si procede anularle póstumamente la nacionalidad de José Francisco Peña Gómez.
Creo que el Leonel Fernández que conocí hace algún tiempo piensa, o por lo menos pensaba en aquellos tiempos, en los términos que me he expresado, pero que su condición de Presidente de la República y Jefe de Estado, sobre todo ahora que está en campaña por la reelección, le impedirá referirse al tema y, mucho menos, realizar un gesto que pudiera interpretarse un rechazo a la forma como se ha procedido en este caso.
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