El crecimiento (estable, constante, histórico) expresado en el Producto Bruto Interno (PBI) aparece ahora acompañado de estudios técnicos que sostienen con atendibles elementos de juicio que las remuneraciones a la mano de obra que contribuye a la multiplicación de la riqueza han seguido en niveles que no se corresponden con el éxito de la multiplicación de los bienes ni con el costo de la vida. Y algo más y bastante positivo: todas las partes (empleadores, trabajadores y el Gobierno) admiten que en alguna medida eso debe cambiar aunque los factores capital y trabajo halarán indefectiblemente hacia sus conveniencias contrapuestas; a los que hay que advertir en vísperas de oficializarse las posiciones para discusión abierta que las columnas que sostienen la actividad económica del país son: la iniciativa privada y la colectividad de hombres y mujeres con energía y disposición para ganarse el pan y llenar otras necesidades de su existencia en calidad de asalariados. Diálogo en que deben tomarse en cuenta cifras esenciales y posibles de establecer para garantizar la permanencia de la producción a partir de costos y beneficios razonables tanto como el sostén satisfactorio de las familias que dependen de los dividendos que deben tocar al recurso laboral. El llamado de la hora es a conciliar aspiraciones y a que unos y otros se avengan a un equilibrado acceso a los frutos de esa alianza entre las razones sociales y quienes aceptan depender de las causas empresariales. Esa armonía ha existido por decenios aunque con reciprocidad de insatisfacciones que son inevitables en ese tipo de relaciones. El clima obrero-patronal sin sobresaltos ni confrontaciones extremas, que debiera servir para superar las obsolescencias del Código de Trabajo y las imperfecciones del Sistema de Seguridad Social, ha contribuido al prestigio de República Dominicana como país de instituciones y orden jurídico estables que inspiran confianza a los inversionistas y respeto a organismos multilaterales y a potencias rivales. Ha debido servir también, mediante acuerdos entre liderazgos políticos y de otras representaciones de la colectividad, para reducir las desigualdades de orden social.
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