El país debe ejecutar de manera urgente un plan de defensa contra inundaciones que evalúe el potencial inundable de áreas urbanas y rurales y se visualicen los efectos socio económicos negativos que puedan generar esos fenómenos. La propuesta la hizo el ingeniero Gilberto Reynoso, ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (Indrhi),
Sugirió además analizar los sistemas de protección y obras contra el desbordamiento, las que modifican el régimen de las aguas, y acciones indirectas que comprendan medidas como la ordenación de territorios seguros.
Reynoso, experto en hidráulica, recordó que en el país es muy persistente el problema de las inundaciones provocadas por las lluvias.
Lamentó que, pese a ello, todavía esa situación no está en vías de solución.
Destacó que a ese problema se le suma la creciente intensidad, la frecuencia y las catástrofes que acarrea, las cuales vienen incrementándose en los últimos 12 años, relacionándose con el cambio climático global.
Esta situación es más dramática, observó Reynoso, por los daños ambientales, la pobreza y la carencia de obras físicas.
Las diferentes regiones del país que se han visto afectadas por las lluvias de las últimas semanas tienen un denominador común: la fragilidad ambiental, la progresiva degradación de las cuencas y subcuencas de ríos y arroyos, la escasa capacidad económica de sus habitantes, las ausencias de obras de infraestructuras y de protección adecuadas, que contribuyen a aumentar año tras año el efecto negativo de las lluvias torrenciales y las inundaciones, expresó.
Cree que ante el grado y la importancia de los potenciales daños se deben priorizar soluciones que busquen sobre todo establecer metas fijas y evitar pérdidas de vidas humanas y aminorar la situación catastrófica causada a los sectores más vulnerables.
Las claves
1. Con carácter de ley
El plan contra inundaciones debe tener carácter de ley y contar con presupuesto, sugirió Reynoso.
2. Un reto
Debe entrañar un constante reto para los gobiernos encontrar el compromiso entre la tecnología disponible y las posibilidades económicas para evitar pérdida de vidas humanas y aminorar la posible situación catastrófica en los sectores más vulnerables del país, limitando el riesgo, haciendo que la probabilidad de daños catastróficos durante los periodos de lluvias torrenciales sea menor.