La profunda y desgarradora huella de la pobreza no puede atribuirse del todo a un gobierno determinado, como tampoco acreditarse a un periodo determinado de la nación.

La condición de pobreza en que malvive una parte importante de la población dominicana es el producto de las ancestrales deficiencias que arrastra la sociedad, en las enormes desigualdades.

Todos tenemos cuota de responsabilidad en esas precariedades, unos por omisión, otros por comisión.

Unos por no exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, otros por hacerse cómplices del abandono a que son sometidos los pueblos.

Senadores y diputados de todos los períodos, desde que adquieren privilegiado estatus social, excluyen de sus prioridades la atención de sus comunidades.

El que abandona la patria chica, en busca de mejor suerte, asume luego una pose de bienestar que los distancia de sus orígenes. Dólares y euros transforman sus existencias.

Hay comunidades del país que agonizan en medio de la peor indiferencia de hijos que han sido “tocados” por la bonanza.

Desde luego, de esa dejadez no pretendemos exonerar a los gobiernos cuya irresponsabilidad se manifiesta con harta frecuencia, precisamente con aquellos pueblos que más los necesitan.

Es mucha la responsabilidad compartida por las deprimidas condiciones de zonas rurales; por la insalubridad, el hambre y la inexistencia de programas educativos, lo que empuja a cientos de personas a emigrar a los centros urbanos más poblados y mejor atendidos.

 Panorama angustiante.