El ex vicepresidente del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), Felipe Mendoza, quien debió acudir ayer al despacho de la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Annikssa Serra de la Mota, solicitó la postergación de su citación hasta tanto ésta se pronuncie sobre el recurso de oposición interpuesto a la querella depositada por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

Mendoza, en una instancia depositada en el tribunal a través de sus abogados Juan Manuel Pellerano Gómez, Hipólito Herrera Vassallo, Olivo Rodríguez, Pedro Catrain, Luis Miguel Rivas y Eduardo Jorge Prats, expresó su preocupación con la festinación con que se maneja este expediente «y por la velocidad que se imprimen a las actuaciones».

Señaló que el pasado 9 de marzo, fue interpuesto un recurso de oposición a la querella depositada en su contra, por lo que entiende que la jueza debe pronunciarse en ese sentido para luego continuar con la instrucción del casos de que se trata.

«El juez de instrucción debe garantizar el respeto al debido proceso y hacer que las partes involucradas en el caso a su cargo tengan igualdad en el empleo de los medios de defensa en el curso de los procesos de que esté apoderado y, en tal virtud frente a la querella de que estáis apoderado, que es un acto de voluntad agresiva del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, tiene como equilibrio y respuesta el memorial de oposición a la querella», indicó.

Agregó que todo juez debe, en primer termino y aún de oficio, examinar la regularidad de su apoderamiento y más aún, determinar si es competente para conocer del caso de que esté apoderado.

«Esto así porque cualquier actuación que realice un juez, más allá de lo que le faculta ley, o sea, cuando rebasa los limites de su competencia o admite la discusión de un caso «que no puede discutirse conforme a la ley, como es el de la querella de que se trata, en esos casos, su actuación constituye la comisión de acto que tipifican el delito de abuso o exceso de poder, ya sea por acción o por omisión, sancionado por el artículo 114 del Código Penal», manifestó.

Mendoza está acusado junto al banquero Manuel Arturo Pellerano de un presunto fraude de más de RD$20,000 millones en BANCREDITO.

Mediante la ordenanza de Cédula de Citación número 05-04, había sido requerido para que responda sobre la acusación hecha en su contra por los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

La querella directa con constitución en parte civil fue interpuesta contra Pellerano Peña y Mendoza, ante la negativa del fiscal Aristy Caraballo de poner en movimiento la acción pública.