POR GERMAN MARTE
El ex superintendente de Electricidad Marcos Cochón afirmó que el problema energético tiene solución, pero la injerencia política ha impedido que se tomen las decisiones correctas.

Cochón, quien ahora es el gerente general de la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, consideró que la sociedad dominicana debe convencer a los políticos de que tomen una decisión acertada en cuanto al tema de la energía eléctrica.

En su opinión, el país cuenta con varias opciones para resolver el problema eléctrico, pero debe elegir una «y no debe cambiar de opinión cada dos o tres años».

 Alegó que parte del problema del sector eléctrico se debe precisamente a que un gobierno decide una solución, que puede tardar diez años para madurar, ese sería el plan A, y de repente viene otro gobierno y cambia todo (Plan B), porque considera que tarda menos tiempo para salir del problema, «resulta que hoy tú estas viendo una opción C sobre la mesa».

Durante el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio, Cochón dijo que si se analizan las opciones anteriores (la capitalización y el Acuerdo de Madrid) se puede ver que estas no dieron sus frutos, «en primer lugar porque no las dejaron madurar y en segundo lugar porque las cambiaron antes de madurar».

Después de la capitalización de 1999, explicó, a los dos años el nuevo gobierno tomó otra decisión sin tomar en cuenta la decisión original.

POSIBLES SOLUCIONES

Para Marcos Cochón lo primero que se debe tomar en cuenta para resolver el problema eléctrico es que no se deben cambiar los planes constantemente, pues los hechos han demostrado que cambiar de opción de solución no es la mejor política.

En segundo lugar, sostuvo, se debe reducir el faltante del sector de US$80 millones mensuales que ahora mismo tiene.

Y para lograr esa meta se debe garantizar que a las distribuidoras les llegue un flujo mínimo de recursos que les permita invertir en proyectos técnicos de reducción de pérdidas o aumento de cobranza.

Descartó que las distribuidoras tengan un problema de gestión generado por un problema del sistema, sino por la interferencia del Estado o del gobierno, independientemente de si la propiedad sea pública o privada.

«Yo creo que el problema ahora mismo es político», manifestó Cochón.

Recalcó que la primera solución, necesariamente, tiene que pasar por sacar la política del sector eléctrico, pues este es una industria igual que cualquier otra.

Afirmó que nunca se ha visto que las distribuidoras tengan un Consejo de Administración que no sea político y que sea nombrado con una lógica económica.

«Tú te busca los consejos de administración de Edenorte y Edesur y son políticos todos».

Cuando se le señaló que esas empresas distribuidoras tampoco funcionaron en manos de Unión Fenosa, Cochón adujo que esto también se debió a que hubo interferencia política.

«Cuando recibieron un subsidio, las intervenían para que no hicieran lo que tenían que hacer», aseveró. Manifestó que cuando una compañía distribuidora no funciona correctamente, el papel de la Superintendencia es «levantar el papelito rojo» y advertir que si no cumple con sus funciones entonces le aplicará determinadas sanciones. Señaló que cuando surge la ley de Electricidad, ya  las distribuidoras «estaban jugando el juego político del gobierno y ese fue un error que hoy estamos pagando todos».

En su opinión, para revertir esa situación la sociedad debe actuar de manera consciente y utilizar los mecanismos a su alcance para convencer a los políticos para que dejen de jugar a la política en el sector eléctrico.

De su lado, Mark Hanson, gerente de la generadora Palamara-La Vega, acotó que cuando Unión Fenosa se marchó del país en el 2003, las pérdidas en el sector eléctrico eran de 28%, mientras que ahora son de 50%.

Cuando el gobierno decidió readquirir Edenorte y Edesur, ya estas empresas estaban comenzando a funcionar, «pero el gobierno no las dejó seguir» y ahora se ha dado marcha atrás y dos años después las pérdidas son casi el doble» que hace tres años, indicó.

Cochón dijo que todo esto demuestra que la solución no está en la propiedad de las empresas «y que posiblemente cuando la propiedad es estatal la administración es peor desde el punto de vista del objetivo de reducir pérdidas».