Hoy 
EDUARDO JORGE PRATS
Hay quienes pensarán que la crisis eléctrica en que vivimos los dominicanos desde hace décadas tiene causas exclusivamente técnico-financieras. Pero, en el fondo, si nos atenemos a las causas últimas de este permanente estado de emergencia eléctrica que padece la nación, veremos que uno de los grandes culpables de esta situación es el clima de incertidumbre institucional que caracteriza a la actuación de la Administración.
No nos estamos refiriendo aquí solamente a la inexistencia de un régimen de personal que permita una Administración objetiva, ajena a los intereses partidarios. Tampoco nos referimos únicamente a la carencia de una Ley de Procedimiento Administrativo que encuadre legalmente la acción administrativa. Ni aludimos solo a la ineficacia del control judicial de la acción administrativa. Esos tres problemas son comunes a toda nuestra Administración Pública y no solo a la eléctrica.
A lo que nos referimos en realidad es a algo peor. De lo que se trata es del hecho de que, más allá de este cuadro gris de nuestra Administración, los dominicanos hemos sido incapaces de configurar Administraciones reguladoras independientes que puedan regular eficiente y eficazmente sectores claves de la economía dominicana. En otras palabras, que los procesos de privatización, es decir, el retiro del Estado de la actividad productiva económica, lo que equivocadamente se ha denominado la “desregulación”, no ha conllevado la necesaria asunción por el Estado de nuevas e intensas funciones regulatorias.
Lo que ha ocurrido, en el sector eléctrico, es que, contrario al ámbito de las telecomunicaciones y del sistema monetario y financiero, en donde, mal que bien, existen reguladores que no son retados por las empresas estatales en el ramo en lo que respecta a su función reguladora y en donde, de una forma y de otra, la Administración está sometida a Derecho, se respetan los derechos de las empresas reguladas y de los usuarios y existe un determinado marco legal para la acción administrativa, el regulador eléctrico es cuestionado en sus funciones por sectores estatales y no existe un marco legal claro y adecuado para la regulación y los derechos de los participantes y usuarios del sector.
Todo esto crea serios problemas de eficacia y legitimidad de la actuación de la Administración eléctrica. Y lo que no es menos malo: el principio básico de un régimen de servicios públicos liberalizados de que debe haber una separación entre el regulador y el regulado se pone en jaque.
Para algunos la solución es el imposible retorno al viejo Estado empresario e interventor. Este esquema antediluviano, sin embargo, no responde a las necesidades de una economía que lo que requiere es que el Estado se retraiga a sus funciones básicas (seguridad, etc.), que asuma las funciones del Estado Social frente a los más pobres y que se convierta en un eficaz regulador de empresas privadas que, si bien participan en un sector económico liberalizado, no deben escapar a una adecuada regulación por parte del Estado.
Lógicamente es más fácil acudir al arsenal de herramientas de la grosera intervención pública de un Leviatán salvaje que aplicar el instrumental de alta precisión que requiere la regulación económica. Es mucho más políticamente rentable en el corto plazo atribuir la culpa al sector privado que asumir responsablemente la ingrata tarea de sostener Administraciones independientes de los políticos y de los regulados, respetar los derechos adquiridos, corregir adecuadamente las distorsiones de los precios, legalizar la regulación eléctrica, premiar la eficiencia de los agentes económicos del sector, fomentar el uso de energías alternativas, y proteger los derechos de los administrados y los usuarios.
Nunca solucionaremos la crisis eléctrica si no emprendemos la tarea de eliminar el apagón institucional en que vive nuestra Administración. Gobernar es construir. Pero se trata de erigir la infraestructura legal e institucional que requerimos para coordinar la eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad con la consolidación de un Estado de Derecho que hasta un economista nada institucionalista como Milton Friedman entendió que era tan importante como la privatización, es más, sin la cual ésta última no funciona, como demuestra el caso de Rusia. Todavía estamos a tiempo de salir de esta oscuridad y la clave es definitivamente la luz de la institucionalidad.
