BOGOTA (AFP).- Como a mediados de los 90 cuando destacados hombres públicos de Colombia, incluido el propio presidente Ernesto Samper, se vieron salpicados por vínculos con el narcotráfico, nuevamente el poder político colombiano se estremeció esta semana, pero ahora por nexos con paramilitares.

A diferencia de aquella época en que los políticos simplemente disfrutaron o se beneficiaron del poder económico de los narcotraficantes de Medellín o Cali, la Corte Suprema de Justicia vinculó la semana pasada a tres congresistas por haber haber dado vida y financiado a tenebrosos escuadrones ultraderechistas.

Mientras que en los 80 y los 90 los carteles de Cali y Medellín patrocinaban campañas políticas, ahora los nexos de los políticos con paramilitares van más allá, incluso hasta el punto de determinar el asesinato de campesinos, como en el caso del senador Alvaro García, según la Corte. García y su colega en el Senado Jairo Merlano, así como el representante a la Cámara Erik Morris, todos del norte del país, se entregaron esta semana a las autoridades, y están recluidos en una cárcel de Bogotá.

Los tres pertenecen a movimientos oficialistas que respaldaron la reelección del presidente Alvaro Uribe.

La Corte señala a Merlano como integrante de un grupo paramilitar encabezado por alias »Diego Vecino» y alias »Cadena» que promovió su campaña al Senado en las elecciones de 2002, mientras que sindicó a Morris de financiar ese tipo de organizaciones.

   Por los mismos vínculos el tribunal ordenó también a la Fiscalía investigar a Salvador Arana, ex embajador de Colombia en Chile; Miguel Nule Amín, ex gobernador del departamento de Sucre (norte); y a Angel Daniel Villarreal Barragán, ex presidente de la Asamblea de esa provincia de la costa caribe.

   Igualmente fue detenida para responder por esos nexos la ex representante a la Cámara Muriel de Jesús Benito, quien no atendió una solicitud de la Fiscalía para que se presentara a declarar.

   Entre tanto, la Corte continuó esta semana recibiendo declaraciones de congresistas y no se descartan nuevas capturas.

   El escándalo llevó a que representantes de partidos opositores a Uribe censuraran su silencio frente al caso de los legisladores, especialmente por la vinculación de éstos a la campaña presidencial de mayo pasado.

   Uribe respondió el viernes pidiendo un castigo severo para congresistas y funcionarios que tengan nexos con los grupos paramilitares e incluso los llamó a acudir a la Corte Suprema si tienen vínculos con esas organizaciones ultraderechistas o con las guerrillas.

   Y al rechazar a sus críticos, los desafió a que comprueben si él ha sido «cómplice» de los paramilitares.

   El escándalo también tocó al senador oficialista Alvaro Araújo -hermano de la canciller María Consuelo Araújo-, quien admitió que se reunió en una fiesta con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar (alias »Jorge 40») con el fin de tratar que éste lo ayudara frente a unas «presiones» que le hacía uno de sus subordinados.

   Araújo dijo que una medida jurídica en su contra podría afectar a la canciller y a otros familiares que ocupan cargos en el Estado, como el gobernador del departamento de Cesar (norte), Hernando Molina; el procurador Edgardo Maya; y el magistrado Jaime Araújo, miembro de la Corte Constitucional.

   Y como para rubricar las denuncias de la Corte Suprema, esta semana los jefes paramilitares desmovilizados internos en una cárcel del noroeste del país advirtieron que cuando sean llamados por la justicia denunciarán los nexos con sectores políticos, económicos y militares.