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KEMAL DERVIS Y TREVOR MANUEL
En la década de 1970, el Club de Roma y otras entidades advirtieron acerca de una inminente escasez de alimentos, petróleo y otros bienes esenciales, como consecuencia, al parecer inexorable, del aumento de la demanda de recursos limitados. Más recientemente, hemos escuchado proyecciones de futuras e inevitables “guerras por el agua”, predicciones arraigadas en el temor de que no contemos con suficiente agua potable para responder a las necesidades de una población que crece y se asienta cada vez más en centros urbanos.
La preocupación es comprensible: actualmente 1,100 millones de personas carecen de acceso regular al agua potable para beber, higienizarse o cocinar. Las consecuencias de esa falta son evidentes: se estima que unos dos millones de niños mueren por año porque sus familias carecen de agua potable o retretes que funcionen.
No obstante, un análisis racional del problema demuestra que no hay una razón objetiva que explique por qué no puede suministrarse a los pobres del mundo suficiente agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. El abastecimiento y la distribución de bienes indispensables es el resultado de muchas variables, desde incentivos de mercado e innovaciones tecnológicas, a inversiones públicas y marcos regulatorios. Pero a veces, el ingrediente que falta es la voluntad política.
El argumento central del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006 (Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua), presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que el acceso al abastecimiento de agua segura y asequible debería considerarse un derecho humano básico. Los gobiernos pueden y deben reconocer este derecho velando por que todos los ciudadanos tengan acceso a un mínimo de 20 litros de agua potable por día, y que quienes no tengan los medios para pagarla, la reciban gratuitamente.
Con harta frecuencia, el precio del agua se establece sobre la base del principio perverso de que, cuanto más pobre se es, tanto más cuesta. Los residentes de los tugurios urbanos están entre los que pagan los precios más altos del mundo por el agua. Los hogares más pobres de El Salvador, Jamaica o Nicaragua asignan más del 10% de sus ingresos al agua; en el Reino Unido, en cambio, si una familia gasta más del 3% de sus ingresos en ese servicio, se la considera en situación de penuria económica.
Gran parte del debate de políticas sobre el suministro de agua ha estado dominado por la estéril controversia entre la privatización y la propiedad estatal. Se trata de una falsa dicotomía: hay una amplia gama de enfoques financieros y normativos racionales, combinando ambas perspectivas, para garantizar el abastecimiento de agua potable. El verdadero desafío es llevar agua potable a aquéllos que tienen menos posibilidades de pagar.
En el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006 se insta a todos los países en desarrollo a preparar un plan nacional que acelere los progresos en materia de agua y saneamiento, con metas ambiciosas respaldadas por lo menos con el 1% del PBI, y estrategias claras para superar las desigualdades. Asimismo, el Informe insta a la adopción de un Plan de Acción Mundial encabezado por el Grupo de los Ocho para que los problemas del agua y el saneamiento ocupen un lugar prioritario en el programa mundial de desarrollo.
Tenemos la responsabilidad colectiva de obtener los resultados deseados. Tanto por razones prácticas como éticas, es difícil imaginar una mejor inversión para la salud y el bienestar de los pobres del mundo.
Kemal Dervis y Trevor Manuel son administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ministro de Finanzas Públicas de Sudáfrica, respectivamente.
