POR MANUEL JIMÉNEZ
El director de Prensa del Palacio Nacional, Rafael Núñez, advirtió ayer a los legisladores que tendrán que buscarse otro presidente de la República si es que pretenden que el Poder Ejecutivo promulgue la ratificación del contrato para la construcción de una isla frente al malecón de Santo Domingo.

Núñez, quien ratificó que el gobierno del presidente Leonel Fernández no tiene vínculos con este proyecto, se adelantó a calificarlo de «fallido». La iniciativa había sido impulsada el año pasado por un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros.

La Cámara de Diputados ratificó ayer los documentos que integran este contrato luego de que la semana pasada el Senado de la República hiciera lo mismo. Ahora, deberá ser remitido al Poder Ejecutivo para fines de promulgación, según establece la ley.

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo había remitido la semana pasada al Senado varios documentos para que los incorporara al estudio y discusión del contrato que avala la construcción del proyecto de la isla, conocido como Novo Mundo Siglo XXI. Núñez aclaró ayer que la remisión de esos documentos al Senado por parte de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se debió «a una confusión».

Aunque aclaro que el Congreso Nacional tiene la facultad de «aprobar lo que quiera», Núñez advirtió que si las cámaras «conocieron y aprobaron eso (el contrato) esa es una facultad y el problema del Congreso». Explico que en materia constitucional lo que corresponde ahora ese que ese contrato llegue al Poder Ejecutivo para promulgarlo.

«Pero si los que provocaron esa aprobación así quieren que un presidente firme la promulgación, van a tener que buscar a otro presidente para que promulgue ese proyecto de ley», sentencio el director de Prensa del Palacio Nacional.

Núñez, que hablo en su despacho en la segunda planta, sostuvo que en este país un proyecto de ese nivel y de ese tipo «no se puede hacer si el gobierno no lo avala». «Como podría decir cualquier gente sencilla de la calle, de ese mar Caribe no se va sacar una lata de agua si el gobierno no está de acuerdo con eso», insistió.

Reafirmó que «por una confusión» en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo esos documentos llegaron al Congreso, «pero nosotros hemos reiterado con total verticalidad y seriedad que nosotros no promovemos ese proyecto fallido».

«Ese es un proyecto que zozobró y no nos interesa que se implemente en estos momentos», aseguró el funcionario en el encuentro con la prensa.

El Estado Dominicano y la firma Santo Domingo Re-Development, Ltd suscribieron el contrato para la construcción de la isla el 15 de junio del 2005. La isla, que cubriría un millón de metros cuadrados de costa, fue propuesta al gobierno por varios inversionistas extranjeros, entre ellos el afamado arquitecto español Ricardo Bofill.

La isla, cuya inversión sobrepasaría los US $450 millones, incluiría la construcción de torres residenciales, plazas comerciales, cines, restaurantes, parques y dos playas. La ratificación del contrato fue defendida la noche del miércoles por diputados del gobierno, entre ellos el vocero del PLD en la Cámara baja, Elías Serulle.

Ayer, de su lado, el Portavoz Gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena, recordó que desde el 10 de enero pasado había desligado al gobierno de este proyecto al surgir problemas internos entre los inversionistas nacionales y extranjeros del mismo.

Pero Rodríguez Marchena-contrario a los términos tajantes usados por el Director de Prensa-aclaro  que habrá que esperar que decisión tome el Presidente Fernández respecto al proyecto cuando la decisión del Congreso llegue a sus manos.

«Yo les pido a ustedes esperar que va a pasar. Los congresistas aprobaron este proyecto, pero falta la decisión del Presidente de la República», dijo el portavoz gubernamental.

Pidió paciencia, pero advirtió que hasta ahora la posición del gobierno sigue siendo «invariable sobre este tema». «El presidente tendrá la ultima palabra», recalcó. Aunque Rodríguez Marchena dijo que en principio este proyecto era de interés para la administración del Presidente Fernández, reconoció que el mismo se estaba convirtiendo en una iniciativa controversial.