El gobierno se decidió por analizar las implicaciones legales que tendría su eventual intervención para regular el transporte de petróleo y productos afines en el país en aras de encontrar una solución al conflicto que enfrenta a la empresa Chevron y sus transportistas, dijo ayer el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

Alburquerque, que habló a la prensa en el Palacio Nacional, dijo que con tales fines se pidió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo determinar si esa eventual intervención del Estado en ese sector violenta normas legales domésticas o en el orden internacional, en especial el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

El transporte de combustibles, en especial de Gas Licuado de Petróleo, así como el abastecimiento de las estaciones de expendio propiedad de la Texaco, fue afectado el fin de semana al coincidir los conflictos de intereses en ese  sector.

“Se está a la espera de una opinión jurídica de la oficina del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para que en base a esa opinión podamos reanudar las conversaciones con las partes envueltas en el conflicto de la Chevron”, dijo.

Alburquerque esperaba la decisión  ayer para ver si en esta semana reanuda su mediación en un conflicto que estalló hace varias semanas sin que se vislumbre una solución.

Las claves

Establecer regulaciones

“Lo que se está tratando de determinar es si es posible para el Estado establecer regulaciones en cuanto a las empresas transportadoras de  combustible”, aclaró Alburquerque. Señaló que aunque ciertamente se trata de un mercado regulado habría que determinar si esa regulación se extiende o no a los contratos de transportación acordados entre las partes.