POR MANUEL JIMÉNEZ
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo advirtió ayer que el país caería en el «caos institucional» y se «derrumbaría el estado de derecho», si llegara a prosperar una reforma constitucional que busca ampliar hasta el 2010 el mandato de las autoridades electas.

César Pina Toribio dijo que una reforma de esta naturaleza tendría también como consecuencia «una situación generalizada de inseguridad jurídica y de acciones pretendidamente oficiales al margen de la ley».

Pina Toribio fijó por escrito su posición en torno a los aprestos de algunos sectores para que se produzca una reforma constitucional que extienda hasta el 2010 el mandato del Presidente y Vicepresidente de la República, legisladores y autoridades municipales.

«Una reforma constitucional que establezca la extensión de su mandato a cualquier autoridad electiva, sería contraria a la propia Constitución y sumiría al país en una peligrosa situación en la que quienes pretendan beneficiarse de tal extensión y los actos que de ello emanen, serían ilegítimos», sostuvo Pina Toribio.

Recordó que todos los textos de la Constitución relativa al tema establecen que los senadores, diputados, síndicos y regidores, al igual que el Presidente y el Vicepresidente de la República son escogidos por elecciones directas, partiendo desde el principio de que el gobierno de la nación es esencialmente civil, democrático y representativo.

Agrego que atendiendo a preceptos específicos consagrados en la Constitución, estas autoridades serán elegidas por el voto directo en asambleas electorales que se reunirán de pleno derecho cada cuatro años. En este sentido, Pina Toribio recuerda lo que establece el artículo 21 de la Carta Sustantiva de la nación, que reza:

«Para los senadores, que serán elegidos y su ejercicio durara un período de 4 años». Destaca que lo mismo establecen los artículos 24 para los diputados, el 82 para los síndicos y regidores y el 49 para el Presidente y Vicepresidente de la República.

«No existe pues, señala Pina Toribio, previsión constitucional alguna que permita a los legisladores extender su período ni el de ninguno de los demás funcionarios electivos, estando por demás obligados por el juramento a respetar la Constitución y sus leyes».