La reforma constitucional debe incluir un enfoque de género, de manera que diga dominicanos y dominicanas, según la propuesta de la Secretaría de la Mujer.

Propone que el Estado sea esencialmente civil, republicano, democrático, representativo, participativo y plural.

Señala que el Estado garantizará, mediante la implementación de políticas públicas, la prevención y sanción a la violencia contra la mujer.

En su propuesta, la Secretaría de la Mujer señala que el hombre y la mujer tienen derecho a un trabajo digno y se reconoce el derecho a una remuneración  igual por trabajo de igual valor.

Indica que el trabajo doméstico no remunerado se declara labor productiva, por lo que se tomará en cuenta para el diseño de políticas públicas y sociales, a fin de garantizar beneficios y el acceso a salud, seguridad social, capacitación, información y pensión. Propone que el Estado estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito y de producción.

La violencia contra la mujer
La Secretaría de la  Mujer  sugiere que  el Estado reconozca la violencia contra la mujer como un problema social  y salud pública, por lo cual garantizará los medios y recursos necesarios para su erradicación.

Propone que la justicia se administrará en igualdad de condiciones para el hombre y la mujer.

Plantea que el hombre y la mujer gozarán de los mismos derechos sin ninguna discriminación por razones de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión, ocupación o profesión.

La secretaría de la Mujer es dirigida por Flavia García
Propone que la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas  mediante matrimonio.

La cartera de la mujer propone que la Suprema Corte de Justicia  (SCJ) sea conformada  de, por lo menos, once jueces.

En su propuesta, la Secretaría de la mujer aboga  por la revocación del mandato otorgado a los funcionarios de elección directa de acuerdo con los requisitos, criterios y procedimientos establecidos en la ley.