Además de la interesada interpretación asignada por sectores nacionales e internacionales en relación a la correctísima sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece un antes y un después en la política migratoria del Estado dominicano, ahora surgen cuestionamientos que involucran el proceder gubernamental de seguridad, caos en el tránsito vehicular y transparencia oficial.

Los diarios del día 14 de este mes despliegan que en los casi once meses de este año, 1,500 individuos han perecido por accidentes de tránsito y más de tres mil lesionados, mientras un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado el día trece consigna que RD muestra un alto índice de homicidios, que los diarios reiteran que suben a más de 1,500 por año.

En otra vertiente, el Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS) de Washington, D. C., vierte el día doce que la economía dominicana es amenazada por la corrupción, fundamentado en que todos los segmentos del Estado son dominados por el oficial PLD.

De nada vale la riposta del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, contradiciendo el informe de 285 páginas que sustenta el trabajo de investigación, cuando son los hechos los que hablan, no la versión obligada e interesada de un ministro que otra cosa no puede decir.

Los editoriales de HOY del día 14 reflejan la preocupación por esos informes, y concerniente a lo primero puede afirmarse que el crimen no consigue aminorarse porque los últimos gobernantes no han dispuesto de un ministro del Interior ni un jefe policial idóneos que diseñaran un programa eficaz para superar el flagelo, y en lo atinente a la corrupción, ningún funcionario del anterior gobierno ha sido traducido a la justicia.