BUENOS AIRES. AFP. El expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999/2001) se declaró inocente este martes ante el tribunal que lo juzga junto a otras seis personas acusadas por sobornos para que el Senado aprobara en 2000 una reforma laboral exigida por el FMI, constató la AFP.  

«Llego a declarar para demostrar mi inocencia e inexistencia del hecho. Esto (los supuestos sobornos) es algo que nunca supe y que nunca existió», dijo el exmandatario, de 74 años, quien declaró durante más de dos horas.  

La causa ventila el escándalo de las denuncias del arrepentido Mario Pontaquarto, por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma que eliminaba derechos laborales y que se atribuyó a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener el apoyo financiero a Argentina.  

«La ley no era tan milagrosa como para suicidarme» políticamente, lanzó De la Rúa, vestido de saco azul, camisa celeste y corbata verde y quien llevó ante el tribunal su libro «Operación política-La causa del Senado», que publicó en 2005 para desmentir a Pontaquarto, ex secretario parlamentario denunciante y acusado.  

El escándalo por los supuestos sobornos llevó a la renuncia al entonces vicepresidente Carlos Álvarez (centroizquierda) y fue el detonante de una severa crisis institucional, política y económica, que derivó en la caída del gobierno de De la Rúa a finales de 2001, en medio de una rebelión popular que dejó una treintena de muertos.  

El expresidente trazó este martes un panorama de la crítica situación económica que heredó del gobierno de Carlos Menem (1989/99) pero negó haber tenido una exigencia para la ley laboral por parte del FMI, al que no obstante responsabilizó del desenlace de su gestión.  

De la Rúa dijo que al asumir en diciembre de 1999 se encontró con un país con «una altísima deuda externa y era necesario hablar con los organismos fiancieros internacionales, incluido el FMI, pero nunca se sacó ese tema» (reforma laboral).  

En el FMI «se aseguraron que no dañar a Brasil que tenía dificultades similares (a Argentina) y a nosotros nos tiraron a la zanja», afirmó el exmandatario, actualmente fuera de la política y que estaba enrolado en el ala conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR, ahora oposición).  

«No ha faltado dinero de ningún organismo del Estado ni ningún funcionario se enriqueció», afirmó en otro tramo y agregó que «en las 12 causas judiciales que tuve, nadie me atribuye que me haya enriquecido. Entré (al gobierno) más rico de lo que salí».  

Al desestimar las denuncias de Pontaquarto, quien también militaba en el radicalismo, el expresidente advirtió que la causa «quedó reducida a cinco senadores» y, agregó, «descontados esos cinco votos se hubiera aprobado la ley igualmente con los dos tercios» de los legisladores necesarios.  

En el juicio, están acusados además el exjefe de inteligencia Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Mario Flamarique y cuatro exsenadores, todos por el delito de cohecho.  

Entre los casi 400 testigos citados figuran la presidenta Cristina Kirchner, entonces senadora y que votó contra la reforma laboral, quien declarará por escrito, así como los exmandatarios Adolfo Rodríguez Saá (última semana de 2001) y Eduardo Duhalde (2002/2003), miembros de la bancada peronista, en aquel momento en la oposición.  

Otro testigo será el titular de la central obrera CGT, Hugo Moyano, quien había denunciado que el exministro Flamarique le comentó que «para los senadores tengo la Banelco» (una tarjeta de débito), para vencer la resistencia que había en el Senado para aprobar la ley.  

Se estima que el juicio que se celebra en los tribunales de Buenos Aires tendrá una extensión de entre seis y ocho meses.