La decisión de modificar la Ley de Hidrocarburos abre interrogantes sobre lo primordial de que debe convertirse en herramienta favorable al consumidor y a proveedores regulados, ahora que el petróleo experimenta alzas intensificadas localmente por impuestos y tasas adicionales de resultados y destinos finales de escasa transparencia.

Los márgenes de rentabilidad por producción, importación y comercio deben ajustarse a la realidad mercadológica. Procede establecer el volumen de distintos derivados dirigidos a sectores de producción y comercio bajo trato privilegiado a una minoría que escapa al fisco y a la estructura formal de distribución.

Una gigantesca tajada que lesiona al comercio formal generando competencia desleal en un marco de denuncias atendibles de que ocurren desvíos sin control de carburantes hacia la venta libre que de todos modos llegan encarecidos a la diversidad del transporte y otras actividades fundamentales de la economía.

El acceso actual a combustibles no está regido en atención a que resultan determinantes en costos para los sectores industrial y agrícola y para brindar buen servicio a pasajeros de medianos y bajos ingresos.

Tomando en cuenta la función social intrínseca, y su influencia en los precios finales de artículos y servicios de primera necesidad, la presión de ningún factor debería ir contra el desarrollo y los suministros básicos sin olvidar el bajo el poder adquisitivo.

Precios sin uniformidad

La intermediación de alimentos tan básicos como el plátano, arroz, habichuelas, carne de cerdo y de pollo hace fluctuar los precios finales no solo estacionalmente sino por la incidencia de especuladores, con los cuales la peor parte recae sobre sectores urbanos marginales.

No es lo mismo hacerse de comestibles en comercios grandes y cadenas que juegan con la economía de escala para controlar costos, que en el inferior mundo de las pulperías y puestos barriales de carnes no sujetos a límites de utilidades

A pesar de la amplitud que alcanzan las marcas comerciales de locales grandes y modernos, un importante porcentaje de los alimentos llega a la población más pobre, que constituye al menos un tercio de los consumidores nacionales, a través de vendedores sin eficiencia que buscan su reducida rentabilidad vendiendo caro.