Cuando un país procura modernizar su sistema impositivo para adaptarlos a las necesidades básicas de recaudación más efectiva del Estado, existe una amplia banda de posibilidades para convertir un sistema fiscal obsoleto en un mecanismo funcional y adaptable a los actuales avances sociales. Quienes así opinan sitúan la liquidez del gobierno como una condición indispensable para el cumplimiento de los compromisos con el desarrollo y el crecimiento.

A casi 20 años de debates sobre los resultados de los últimos procesos de modernización en los países en vías de desarrollo, aún se cuestiona si la vigencia de estos nuevos sistemas ha logrado cumplir con las metas de contribuir a mejorar la situación de pobreza de las mayorías y al mismo tiempo facilitar a los gobiernos cumplir con los prerrequisitos del gasto destinado a posibilitar el crecimiento económico.

Este pensamiento choca contra las ideas de quienes estiman que estos modelos de recaudación deben cumplir el doble papel de ser al mismo tiempo medios de liquidez para que el fisco convierta las acciones gubernamentales en instrumento del gasto destinado a canalizador los recursos hacia los sectores que deben vindicar a los grupos menos privilegiados de la sociedad.

Como parte del actual proceso de discusisones en procura de reformar el sistema fiscal dominicano, todos los tramos mediante los cuales se alimentan los ingresos serán removidos, tomando como base principalmente al Impuesto a las Transformaciones de los Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS), así como al Impuesto Sobre la Renta (ISR) tanto individual como corporativo.

Además, el Impuesto Selectivo al Consumo y los Impuestos a las Transacciones del Comercio Internacional, los cuales incluyen los aranceles de importación, la Comisión Cambiaria y los Derechos de Exportación.

[b]Las rentas individuales[/b]

Esta vez, entre otras preocupaciones, las autoridades han puesto la lupa sobre el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) individual para gravar a las personas que ejercen una profesión liberal determinada y mediante la cual obtengan recursos en forma ordinaria.

En el actual enfoque de las autoridades, contenido en el estudio sobre el «Ajuste Fiscal para el Crecimiento Sostenible en la República Domincana», se plantea la necesidad de que el sistema impositivo del país sea capaz de incrementar los recursos estatales y se aplique un sistema que apuntale los cobros de impuestos a profesionales individuales que en el ejercicio de sus respectivas carreras obtengan ingresos con normalidad.

Destaca que en la actualidad, más de la mitad de los ingresos totales del impuesto sobre la renta se recaudan de personas individuales, mientras el resto se recauda de corporaciones.

Dichos impuestos individuales se gravan sobre los ingresos obtenidos desde dentro del país y de los ingresos que provienen de ingresos y ganancias financieras obtenidos fuera del país.

Aclara que estos impuestos se gravan con carácter individual «siempre y cuando la renta sea mayor que la exención básica».

Se indica que «si los propietarios únicos o los profesionales independientes como contadores, abogados, ingenieros y doctores en medicina ofrecen servicios a clientes no corporativos, no existe retención ni registro el libros».

Dada esta situación sus ingresos «pueden escapar» al impuesto sobre la renta personal porque el sistema administrativo es hoy en día insuficiente para aplicar el cumplimiento.

El actual modelo prevaleciente para el gravamen o retención fiscal desde la fuente, descansa en los patronos de las empresas, sistema que «parece funcionar razonablemente bien».

No obstante, en torno a la evasión vinculada con ingresos adquiridos «por propietarios únicos y profesionales independientes», lo cual se refleja en el pequeño universo de recaudaciones por este concepto dentro del contexto de todas las recaudaciones logradas cada año.

Con relación a este grupo, el estudio en discusión elaborado por un grupo de profesionales del país, entre los que figuran Héctor Guilliani Cury del Banco Central, Glenn P. Jenkins y Chun-Yan Kuo, ambos de la «Queens University» de Ontario, Canadá, y la participación de técnicos del Departamento de Estudios Económicos de la Secretaría de Finanzas, expresa que «manejando información procedente de asociaciones profesionales, se puede hacer un estimado de ingresos brutos para los profesioneles».

De esta manera, las asociaciones, colegios y entidades que agrupan a profesionales individuales, servirán de referente para obtener las listas de los profesionales que ejercen en forma libre sus respectivas carreras, obteniendo beneficios que no reportan al fisco, como ocurre en otros países que disponen de sistemas organizados.

«Bajo tal sistema -resalta textualmente el informe-, se recomienda que los profesionales independientes deban pagar 15% de sus ingresos brutos cada mes como impuesto por anticipo».

Pero aclara que dicho impuesto puede ser aplicado como crédito contra su obligación de impuesto sobre la renta.

Se agrega que esto se debe realizar asumiendo que los profesionales independientes tienen gastos comerciales que promedian un 40% de sus ingresos brutos».

Pero resalta que en caso de que sea difícil aplicar una tasa del 15%, los responsables de la política económica deberán entonces considerar imponer un impuesto de por lo menos el 10% sobre los ingresos brutos.

[b]Impacto sobre los ingresos[/b]

Al considerar la modificación y el fortalecimiento del impuesto sobre la renta individual como se aplica a propietarios únicos y a profesionales independientes, el estudio contempla que con ello «se aumentaría el ingreso fiscal al tesoro».

«Quizás un impacto más importante es que traerá a estos grupos en la red impositiva, de modo que en el futuro el impuesto sobre la renta regular se pudiera aplicar con un grado aceptable de exactitud».

Al hacer una estimación sobre lo que debería de ingresar al fisco como producto de la aplicación de los nuevos gravámenes, refiere que si se considera que tan sólo en el 2002 los ingresos por intereses y honorarios pagados por bancos y otras instituciones que reciben depósitos, fueron de unos RD$18 mil 128 millones y RD$983 millones, se puede establecer que fueron pagados RD$19 mil 111 millones «pagados no solamente a los individuos sino también a las compañías».

«Si se impusiera una tasa impositiva de 10% sobre los ingresos por intereses y honorarios recibidos por los individuos solamente, el gobierno habría incrementado los ingresos fiscales adicionales por aproximadamente RD$ mil 500 millones en el 2002, asumiendo que los depósitos de los individuos representan el 80% de los ahorros totales de depósitos».