Es ahora, real y efectivamente, cuando deben culminar con éxito los debates sobre el perfil definitivo de lo que sería una reforma tributaria, pero con la pretensión de que resulte, para mayor provecho del país, una legislación que valga para lo fiscal en sentido general. Que fije normas sobre la forma de captar ingresos pero también sobre la forma de utilizar los recursos del Estado.

El Partido Revolucionario Dominicano ha decido organizar, en un proyecto de ley propio, sus ideas sobre lo que debería ser la reforma en curso, la que nació por una iniciativa del poder Ejecutivo, pero de la que importantes sectores han estado poniendo distancia.

En definitiva la revisión de aspectos fundamentales del sistema impositivo debe incluir las visiones disímiles de los dominicanos y que luego sea un esfuerzo conjunto el que aproxime y logre el consenso de sus  puntos.

El paso adelante que se propone dar la oposición a través del PRD, ensancharía el diálogo en el seno del poder de decisiones por antonomasia que es el Congreso Nacional. También ha sido muy positivo que el Partido Reformista social Cristiano se convirtiera, a través de un seminario celebrado recientemente, en marco para la diversidad de criterios y reclamos de entidades y ciudadanos interesados en ser tomados en cuenta en el tema de la reforma.

Aunque no se pueda afirmar categóricamente que el gobierno haya aspirado a un endoso fácil de su propuesta de revisión tributaria, algunas de sus voces la han presentado aparentemente como verdad  irrefutable “o que entre el mar”.

Sin embargo, en esto deben ser oídas todas las campanas, y debe producirse  una respuesta al reclamo de que el Estado perfeccione su forma de gastar lo que recauda.

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Prueba luminosa

La doctora Elena Fernández Núñez, directora del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese), no esperó a que el gobierno comenzara a considerar como prioritario establecer el sistema de compras por concurso para adoptarlo con excelentes resultados en su ámbito de la Cosa Pública.

Ella no necesitó un decreto “puente” que  desde el Palacio Nacional venía prometiéndose –sin hacerlo realidad- para comenzar a descartar el grado a grado en la asignación de obras y en las adquisiciones diversas del Estado.

Su determinación de usar con transparencias y en función de los intereses de la sociedad  los fondos que los contribuyentes ponen en sus manos es algo que el país agradece y aplaude.

Al reglamentar  las adquisiciones de medicamentos para que la licitación pública sea siempre la que establezca lo que mejor conviene a Promese y a los pobres que necesitan sus suministros,  los precios quedaron reducidos en 50%, de un gasto anual de RD$900 millones.

Se trata de un procedimiento que sigue brillando por su ausencia en casi toda la administración pública, tanto en el área militar como en la civil, en las que unos cuantos señores de poder deciden a quiénes comprarles y a quiénes asignarles contratos para obras o servicios. Y no se puede dar fe siempre de que los intereses de la sociedad están bien servidos con ese tristemente célebre grado a grado.

Promese es claramente una excepción y un ejemplo a seguir y es también una razón para criticar con  más vehemencia  que antes a las autoridades por tardarse  en convertir los concursos en un procedimiento ordinario para gastos e inversiones.