Por Jérôme Bernard
WASHINGTON, Set 17 (AFP) – Cuatro años después del 11 de septiembre, el huracán Katrina demostró que Estados Unidos no está preparado para enfrentar una catástrofe mayor, al punto que las fuerzas armadas, utilizadas con prudencia por razones políticas, parecen ser el recurso a emplear en lo sucesivo.

   «El sistema de socorro en caso de catástrofe no estuvo a la altura» de las circunstancias tras el azote de Katrina, admitió el presidente George W. Bush, quien ordenó el jueves una «revisión de los planes de urgencia en todas las grandes ciudades de Estados Unidos».

   Los servicios de socorro en Luisiana y Mississippi fueron completamente desbordados por la magnitud de la tragedia, incapaces durante días de acudir en auxilio de los damnificados en Nueva Orleans.

   La ex comisión de investigación sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 recordó el miércoles pasado que habían emitido recomendaciones concretas, las cuales no fueron puestas en marcha a cuatro años de los ataques.

   El huracán Katrina puso al desnudo «serios problemas» en la gestión de situaciones de crisis, «las mismas que encontramos el 11 de septiembre», dijo el ex presidente de la comisión de investigación, Thomas Kean.

   También reprochó la ausencia de un sistema de radio que permitiera a la policía, los bomberos y a los servicios médicos de urgencia comunicarse correctamente entre sí, lo que llevó a aumentar la desorganización en Nueva Orleans, como sucedió hace cuatro años en Nueva York.

   La comisión había recomendado evaluar los riesgos referentes a las más importantes infraestructuras del país y establecer un comando que coordinara la acción de los servicios de urgencia a nivel nacional, pero nada de ello se llevó a cabo, como quedó de manifiesto tras la catástrofe de Katrina.

   La confesión del presidente Bush es explícita: «El sistema a todos los niveles del gobierno no estuvo bien coordinado y fue sobrepasado durante los primeros días. Es claro, por lo tanto, que un desafío de este tamaño demanda una mayor autoridad federal y un papel más importante de las fuerzas armadas, la institución más capaz para lanzar rápidamente operaciones logísticas masivas».

   Ante la desorganización de los servicios de socorro civiles en Nueva Orleans, simbolizada por la dimisión del director de la Agencia Federal de Gestión de Crisis (FEMA), el gobierno se vio obligado a recurrir al Pentágono, que movilizó a millares de militares para llevar auxilio a los afectados.

   Pero Bush advirtió que las tropas federales no se encargarían de hacer aplicar la ley y que actuarían en apoyo de las unidades de la Guardia Nacional, que se encuentran bajo la autoridad de los gobernadores de cada Estado.

   En virtud de una ley de 1878, las tropas federales tienen prohibido hacer uso de sus armas para hacer respetar la ley en Estados Unidos.

   Esa barrera legal fue instaurada tras las críticas suscitadas por el despliegue de tropas federales para supervisar las elecciones en los ex Estados confederados luego de la Guerra de Secesión.

   Hoy, la idea de dar un mayor protagonismo a las fuerzas armadas en caso de ataques terroristas, de grandes huracanes o epidemias catastróficas del tipo de la gripe aviar, va cobrando impulso en Washington.

   El influyente presidente de la comisión del Senado sobre las Fuerzas Armadas, John Warner, envió el miércoles pasado una carta al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en la que le pide que se estudie la revisión de ese marco jurídico.

   «La única entidad en Estados Unidos que cuenta con el personal, el equipamiento, entrenamiento y la capacidad logística para aportar su apoyo a la Guardia Nacional y a las instituciones de nivel estatal en el caso de una crisis de esta magnitud, es el ministerio de Defensa», escribió Warner.

   El viernes, el Pentágono anunció que reexaminará su papel en estas situaciones de crisis, obstaculizado actualmente por «leyes arcaicas».