POR ERNESTO SELMAN
Durante las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre el monto de los títulos de deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en forma de certificados de inversión. Se argumenta que el «stock» de certificados y los costos asociados a éstos hace que esa deuda sea insostenible en el mediano plazo. Muchos analistas asumen escenarios fatalistas, apostando a la inestabilidad y al fracaso de la política económica actual, especialmente la política monetaria; su actitud quiere sacar partida para un grupo político de minoría, en detrimento del pueblo dominicano.
Estos analistas parecen querer desconocer la estrategia que coordinan el BCRD y el Gobierno Central para disminuir el costo de los valores en circulación. Si analizamos este tema como un proceso dinámico, las medidas adoptadas hasta el momento han sido las más pertinentes con los instrumentos de política a la disposición. Obviamente, la estrategia tiene un alcance de más largo plazo y está enmarcada dentro del acuerdo Stand-by con el FMI.
A raíz de la crisis bancaria del 2003, las autoridades monetarias y políticas de turno decidieron rescatar a todos los depositantes del banco quebrado de mayor dimensión (Baninter) y a algunos de los otros dos bancos, violando disposiciones legales contenidas en la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Como consecuencia del rescate bancario, las autoridades del momento más que duplicaron la emisión monetaria entre diciembre del 2002 y diciembre del 2003; de RD$38,569.6 millones pasó a RD$77,558.2 millones a través de una desmedida emisión de dinero inorgánico. De esta forma, se creó un exceso de liquidez que generó procesos devaluatorios e inflacionarios en la economía dominicana. Para agosto del 2004, la emisión monetaria aumentó a RD$82,019.3 millones. Sin embargo, entre agosto y diciembre la emisión se redujo a RD$78,555.2 millones, neutralizando el exceso de liquidez mediante elcolocación de certificados de inversión.
La implementación de la política monetaria ha estado condicionada por la expansión de la emisión monetaria mencionada con anterioridad. Como sabemos, en el Artículo 2 de la ley monetaria y financiera, los legisladores fueron específicos en el literal a): La regulación del sistema monetario tendrá por objeto mantener la estabilidad de precios, la cual es base indispensable para el desarrollo económico nacional. Es decir, el mandato que le otorga la ley al BCRD se centra en mantener la estabilidad de precios o baja inflación. Existe consenso en las ciencias económicas que la inflación es un fenómeno eminentemente monetario. En consecuencia, las acciones de las autoridades monetarias actuales se han concentrado en controlar los agregados monetarios para contener la inflación.
En efecto, las autoridades monetarias han controlado la inflación durante los últimos ocho meses. La inflación anualizada luego del inicio de rescate bancario (junio 2003 a mayo 2004) fue mayor que 65%. Sin embargo, la inflación anualizada a febrero del presente año (marzo 2004 a febrero 2005) fue de 6.83%. La inflación acumulada desde agosto del 2004 a febrero del 2005 fue de sólo 1.55%. Obviamente, el BCRD está cumpliendo con su mandato legal de mantener la estabilidad de precios. Los economistas que hoy apuestan a una debacle de la economía dominicana se les olvida el papel del BCRD, mientras tratan de minar la credibilidad de la institución y sus autoridades como último recurso para crear inestabilidad. Para beneficio de las mayorías, el mercado ha hecho caso omiso a sus apuestas.
Para lograr los objetivos de estabilidad de precios, las autoridades monetarias se han visto forzadas a emitir títulos de deuda para controlar los agregados monetarios. Los valores en circulación han aumentado de casi RD$90,000 millones en agosto del 2004 a poco más de RD$129,455 millones en la actualidad. La razón del incremento de más de RD$19,000 millones en los últimos dos meses y medio se explica por los vencimientos de títulos de deuda antiguos a tasas de interés por encima del 45%; parte de este incremento lo provoca la neutralización de la emisión que proviene del pago de intereses. A pesar de que los valores en circulación del BCRD se han incrementado, los intereses pagados se han reducido en más de una quinta parte. Esta reducción se ha logrado con mecanismos de mercado, haciendo «roll over» de los pasivos en la medida que se vencen. Los economistas críticos de la política actual dicen creer en mecanismos de mercado, pero se contradicen al querer desconocer que el proceso de reducción del costo de los valores en circulación toma tiempo en la medida que se vencen los títulos.
Los intereses pagados en julio del 2004 fueron de RD$3,009.7 millones, mientras que en febrero del 2005 fue de RD$2,305.22. Esto fue el resultado de reducción de tasas de interés en casi dos terceras partes; también, los plazos de vencimiento de los valores se han extendido de 7 y 14 días a más de un año. Lo más prioritario para las autoridades monetarias ha sido el control de la inflación y la reducción de costos de sus pasivos con los instrumentos de política a su disposición, lo que se ha logrado en esta etapa. Para el año en curso, el objetivo del BCRD es reducir el costo de los valores en circulación en 1% del PIB, aún con un aumento de la base de los certificados; el acuerdo con el FMI plantea una disminución del 0.8% del PIB.
Las reducciones de tasas y extensión de los plazos de los valores en circulación del BCRD son logros que todos los dominicanos sensatos debemos aplaudir. Los economistas al servicio de la minoría insisten en obviar estos resultados. No obstante, la reducción de esa deuda y los costos asociados a la misma no pueden provenir sólo de la política monetaria. Es por esto que el BCRD ha acelerado el proceso de realización de activos que posee para iniciar la reducción del «stock» de deuda y las pérdidas que genera. El monto de los activos del BCRD y el tiempo de realización de los mismos, es un factor a considerar, dadas algunas restricciones que presentan muchos de éstos. Por consiguiente, el BCRD deberá recibir el apoyo de las autoridades fiscales para, en el mediano plazo, eliminar los valores en circulación y los costos asociados a éstos.
Por esta razón, tanto las autoridades monetarias como fiscales están trabajando en una estrategia para que el Gobierno transfiera activos con el fin de reducir los valores en circulación del BCRD. Obviamente, las transferencias del Gobierno deben incluir activos líquidos («cash») en adición a otros activos fijos (inmuebles) para ser realizados o vendidos. Los recursos provenientes de la ley de bonos para capitalizar el BCRD son una pequeña fracción del monto de pasivos del BCRD. En adición al 1.75% que está transfiriendo el Gobierno por concepto de recargo cambiario para pago de deuda externa, entendemos que la mitad de todo ahorro fiscal mensual sea transferido al BCRD para pago de intereses y reducción de su deuda. Este proceso deberá iniciarse en el corto plazo para que el mismo sea efectivo.
En resumen, a raíz de la crisis financiera del 2003 y la decisión de las autoridades de turno de rescatar las instituciones en problemas, se generó un aumento en la emisión monetaria sin precedentes. Para neutralizar el excedente de liquidez, que generó devaluación e inflación, se emitieron títulos de deuda del BCRD. Esto se realizó por el mandato legal que tiene el BCRD de mantener la estabilidad de precios, que es una función del dinero en circulación. Con la reducción de tasas de interés y extensión de plazos, se ha logrado reducir los costos de la deuda del BCRD. En adición, se ha acelerado el proceso de venta de activos del BCRD al sector privado. Sin embargo, el monto de la recuperación de esos activos y el tiempo de realización son factores a considerar.
La forma arrogante, irrespetuosa e irresponsable de los voceros de lo absurdo hace un flaco servicio a la Nación; sus apuestas a una debacle de la economía dominicana para justificar a la minoría política que sirvieron, perjudicaría a la mayoría de los dominicanos. Debemos reconocer que la solución al problema del déficit cuasi-fiscal debe provenir de la política fiscal. En consecuencia, el Congreso debe aprobar cuanto antes la ley de bonos para iniciar el proceso de capitalización del BCRD. Adicionalmente, el Gobierno Central tendrá que transferir activos fijos y líquidos al BCRD para reducir sus pasivos y los costos asociados. De esta forma, se garantiza la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazos en la República Dominicana.