Los trabajos de la Junta Central Electoral  en  preparación de las elecciones congresionales y municipales del próximo mayo – consideradas por algunos observadores como las más complejas  del país a la fecha- satisfacen a la ciudadanía. El organismo inspira confianza. Pero no se puede afirmar que por eso todo está asegurado. Es un proceso indetenible de fases y gastos con creciente empleo de recursos técnicos y humanos en muchos espacios de toda la geografía. En la misma forma debería fluir  el dinero del Estado que sustenta estas actividades   tan importantes para la democracia y el funcionamiento institucional del país. El Gobierno recibió a tiempo un cronograma que le deja significada la forma en que debe ir recibiendo los fondos adicionales que corresponden.

Ha debido actuar en consecuencia. La cuenta regresiva comenzó. Procede ahora que las máximas autoridades de la nación y el Ministerio  de Hacienda en particular, lleven el mismo paso. Por demás, la JCE  tiene contraído un serio compromiso con otra área vital de los servicios a esta sociedad: el Registro Civil que debe ser ágil e impecable en su desenvolvimiento. Los documentos de identidad y otros de  la vida ordinaria han sido aprovechados para adulteraciones inescrupulosas a lo largo del tiempo. Su vulnerabilidad debe ser reducida con tecnologías y estricta ética. A la JCE no se le debe fallar. Sería fallarle a la Nación.

La  violencia que es contra todos

Está dolorosamente expresado por estadísticas que el oficio de policía -cumplido con profesionalidad y entrega- es de alto riesgo. 262 de los agentes dominicanos han perdido la vida en diversos hechos en  los dos últimos dos años. Han sido víctimas que sumadas a las muchas otras de la vida civil, exponen con sangre lo que organismos nacionales e internacionales denuncian con alarma: que la violencia en esta sociedad es endémica. Como causa de muertes y lesiones -incluyendo los accidentes de tránsito- representa un azote implacable. Una negación de civilidad y una de las peores consecuencias  de la baja escolaridad y la pobreza.

A todos: civiles y policías; y especialmente al Gobierno, debería preocuparnos más este problema, actuando en consecuencia. Sin eufemismos ni distorsiones al enfocarlo y enfrentarlo. Con medidas realistas para lo inmediato, más las  estructurales, o la seguridad ciudadana seguirá erosionándose.