Por si las moscas y porque es lógico que los propósitos del Estado sean diferentes y hasta contrarios a los del ciudadano privado que busca lucro y éxitos de negocios, el papel de alto nivel de funcionario de Estado no debería tener en paralelo el ejercicio privado, industrial, comercial o de otra índole. Aun aceptando la posibilidad de que tal desdoblamiento pueda ser ejercido con la intención de mantener separadas una cosa de la otra, el Estado debe, por principio, considerar improcedente que alguien suyo sirva a dos señores al mismo tiempo: al interés nacional y al particular. Es el clásico conflicto que en las alturas del poder no debería ser ni legal ni legítimo y que está claramente proscrito en muchas partes del mundo. Las fronteras difusas son un gran riesgo.
Además siempre ha existido en este medio, y más en tiempos recientes, la presunción de que importantes proyectos empresariales han nacido o “engordado” a partir de las ventajas del poder. En forma tal vez injustamente generalizada, es frecuente que en el debate político se insista en atribuir un carácter corporativo a la pléyade que controla el sector público en todas sus áreas. Es común que surjan dudas y hasta litigios con acusaciones de alegada obtención de beneficios personales y empresariales a partir de ocupar posiciones gubernamentales. Más aún: una de las funciones más enaltecedoras del Estado es defender a la nación de afanes de lucro.

Lo que no se va en lágrimas…

El Estado es víctima de debilidades por las que generalmente el país entero pagó los platos rotos. Mal cobrador de impuestos, con tendencia a lo fácil y a cebarse en el contribuyente cautivo de poca monta en vez de enfrentar al de renta grande, usualmente influyente como para evadir aun siendo el que más debe tributar. También falla en cobrar por los servicios que presta. Millones de ciudadanos eluden los reclamos a pagar luz, agua y recogida de basura.
En su incesante populismo para conservar adhesión, los gobiernos nunca son estrictos en propósito de recuperar lo invertido en servir a quienes sí pagan religiosamente la telefonía y el cable. Sin embargo, negarle ingresos al Estado deteriora o hace insuficientes algunas funciones públicas que entonces el ciudadano debe procurarse por medios propios, gastando más.