El aumento de hechos violentos y de violencia social; junto a los delitos y a la inseguridad ciudadana ha puesto en evidencias la falta de políticas públicas eficientes y eficaces. Es una pena que adolescentes y jóvenes sean los más afectados ya sea como víctima o victimario. Reflejando estos la cultura y el comportamiento de una sociedad que socializa la violencia.

También, señor procurador, ha aumentado la violencia organizada: sicariato, secuestro, atracos, corrupción, que compromete a la población joven que se encuentra excluida del desarrollo social. Esa población tiene acceso al consumo, al micro-tráfico y a los negocios ilícitos que, junto a las armas de fuego ilegales, pone en riesgo a la población y a los propios jóvenes. Si sumamos los jóvenes que tienen problemas de personalidad, de conducta y de dependencia a drogas y juegos, son los de mayores riesgos psicosociales a transgredir las normas sociales y al sistema de justicia.

También, es cierto, el fracaso de modelos preventivos, de acciones y programas que le den respuestas en la rehabilitación y diagnósticos temprano a los jóvenes transgresores. Al día de hoy, señor procurador, los fiscales, jueces y abogados no cuentan dentro del sistema judicial con la asistencia de las Unidades de Psiquiatría Forense como auxiliar de la justicia, o de los fiscales o procuraduría, a fin de poder determinar de forma eficiente y clínica los diagnósticos en término psicopatológico, o de personalidad o de otros trastornos comorbidos que presenten, y que la justicia cuente con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, según lo amerite el caso. Usted, señor procurador conoce de la existencias en Latinoamérica y otros países, de las Unidades de Psiquiatría y Psicología Forense, que funcionan y son una realidad dentro del sistema judicial que ayudan a disminuir la población de enfermos mentales en las cárceles, y que la justicia no ponga tantos psicópatas, criminales y personas con alta peligrosidad psicosocial.

Esas unidades la integran Psiquiatras, Psicólogos Psicometristas, Trabajadores Sociales, Abogados, a veces Neurólogos, que reciben de la justicia los expedientes de personas que ameritan una evaluación no contaminada, con credibilidad profesional, de forma confidencial, y apoyada en criterios médicos, científico-clínico, psico-social y familiar, psico-patológico y psico-dinámico, para que la justicia se auxilie de forma científica en establecer junto al código penal, una respuesta que se ajuste al ejercicio digno, trasparente, justo y sensato, que le pueda dar seguridad a la población, a las familias, a los jueces, y los abogados de que cuentan con este instrumento científico.

El procedimiento actual con el que la justicia cuenta se presta a corrupción, equivocaciones, interpretaciones y determinantes que no explican, cómo personas con trastornos severos de personalidad, o reincidentes en hacer daños y violar las normas, se encuentran en la calles, poniendo en riesgo a los ciudadanos, a la familia y a nuestros hijos, y nadie sabe qué hacer, cómo prevenir, cómo proteger o qué esperar de forma satisfactoria del sistema judicial.

Señor procurador, se puede poner en funcionamiento con pocos recursos estas unidades, dejarlas articuladas y funcionales dentro del sistema para auxiliar a la justicia, y ponernos al nivel de otros países con menos estructura y gerencia que nosotros.