En algunos de los casos que sigue la Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (Pepca) como Antipulpo, Coral y Coral 5G los encartados han logrado llegar a un acuerdo de devolver el dinero producto del flagelo y así convertirse en testigos, dependiendo la particularidad de lo tratado.

Pero además del dinero, otros pactan regresar los bienes que lograron obtener de sus actos de los que son imputados. Pero, ¿hacia dónde van esos recursos?

El abogado penalista Félix Portes explicó que el Ministerio Público tiene una cuenta para tales fines, y los acuerdos son homologados por un juez.

Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo, realizó un acta de entrega de varios bienes, que  según  el órgano acusador, se aproxima a los 100 millones de pesos.

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El 10 de diciembre pasado, hace la devolución de diez millones de pesos a través de cinco cheques de administración:  uno por $4,000,000.00; otro por $1,827,000.00, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; otro por $2,000,000.00; otro por $800,000.00 y un  quinto por valor de $1,373,000.00 del Banco Popular Dominicano.

Otro de los bienes que Pagán admitió haber adquirido  con dinero de la red de corrupción fue una  porción de terreno dentro  de la parcela no. 5, del Distrito Catastral no. 2, municipio de Tamayo, provincia Baoruco, la cual tiene una extensión superficial de 3,399 tareas, en el año 2019.

“El inmenso terreno, fue comprado al Banco de Reservas por la cantidad de RD$5,948,250.00, mediante acto de venta de fecha 27 de junio del año 2019”, señala la acusación.

Otro de los casos sonoros fue el de la Lotería Nacional, sobre un supuesto fraude que se develó en la denominada Operación 13.

Según el órgano persecutor, los señalados devolvieron más de 4 millones de pesos que había optenido supuestamente del fraude al Estado.

Ley de Extinción de Dominio

En junio pasado, el Senado de la República aprobó en única lectura el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objetivo principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.

El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, dijo que la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada tal como el pueblo la quería, como una ley orgánica. “Votada a unanimidad, la Ley de Extinción de Dominio, que se va como la sociedad quería, como una ley orgánica al Poder Ejecutivo”, señaló.

La normativa indica que el juicio de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional, administrativa o arbitral. La existencia de otro proceso judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un caso de extinción de dominio.

De igual manera, la iniciativa legislativa contempla presunción de buena fe en todo acto de negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de bienes, la imparcialidad e independencia de los jueces que conozcan estos procesos y la magnitud del daño con el o los crímenes que sirven de base para sustentar cada acción judicial por enriquecimiento ilícito.