Un foro sobre temas municipales celebrado antier en Santo Domingo planteó la interrogante: ¿A dónde va el dinero que reciben los ayuntamientos? Por de pronto, solo una parte de las administraciones edilicias ha acogido el sistema de Presupuesto Participativo que les compromete a trazar parte de sus inversiones en función de reclamos de los ciudadanos de sus jurisdicciones que además dan seguimiento a las obras. Pero vistos en su conjunto, los gobiernos de las ciudades reciben más recursos de los contribuyentes que antes sin que por ello los servicios hayan mejorado en igual proporción. Cabe reconocer que algunas sindicaturas -grandes e importantes- pueden exhibir realizaciones con orgullo. Son la excepción.
La pregunta básica del foro estaría, en todo caso, sin respuesta plena, pues no importa cuán útil y conveniente a los munícipes parezca una obra si el proceso de decidirla y sus costos no están bien conocidos en sus detalles por la opinión pública. La transparencia y la supervisión experta y externa son imprescindibles en un país de falta de celos por los bienes públicos en el que además la Cámara de Cuentas, que en estos momentos, precisamente, es seriamente cuestionada, no ha cumplido bien su rol escrutador y la Liga Municipal se ha limitado a una distante función asesora de los ayuntamientos.
Preocupación por inmigrantes
La voz de alarma ha sido reiterada: el cónsul dominicano en Madrid, Marcos Cross Sánchez, advirtió al gobierno de España sobre las consecuencias que tendría la repatriación masiva de inmigrantes, riesgo en que se encuentran, junto a muchos otros, 25 mil dominicanos indocumentados. El endurecimiento de políticas en Europa para poder echar en forma rápida a extranjeros que en su mayoría han ido allí a ganarse la vida trabajando, golpearía social y económicamente a naciones de herencia histórica y cultural ibérica. De ahí que varios gobiernos de Estados que originan esas migraciones expresen rechazo.
Es injusto que la parte del mundo más desarrollada aspire que las fronteras se abran para el comercio y que al mismo tiempo pretenda que seres humanos compelidos por necesidades, queden confinados a sus territorios con escasas posibilidades de viajar hacia las latitudes de mejores condiciones laborales.