Juan Bolivar Díaz 
Dos años después del estallido del escándalo de corrupción en contratación de obras con la constructora Odebrecht en una docena de países, el 21 de diciembre del 2016 tras investigaciones judiciales en Estados Unidos, en la República Dominicana prevalece la impunidad a pesar de haber liderado proporcionalmente los sobornos confesados por la empresa.
Ni siquiera se ha realizado la auditoría de costos sobre 17 obras contratadas por el Estado dominicano, mucho menos se han investigado las admisiones de ejecutivos de la constructora sobre el financiamiento de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina y de que sus operaciones mafiosas transnacionales fueron trasladadas al país evadiendo la justicia brasileña.
Muy escasas expectativas
Han transcurrido 19 meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas, doce de ellas exfuncionarios y legisladores, por los sobornos que Odebrecht confesó en el país por 92 millones de dólares, de un total internacional de 788 millones, y seis meses de que decidió procesar solo a 7, sin que el proceso haya pasado de la fase de instrucción, sin que alguno guarde prisión, y las expectativas de sanción se diluyen impulsadas por las vaguedades de la mayoría de las acusaciones.
La impunidad prevaleciente determinó una deficiente pobreza del proceso de investigación nacional, contrastando con los de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y El Salvador donde una decena de presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido investigados, procesados y arrestados tras diligentes indagatorias, las cuales en varios casos demostraron que los sobornos fueron hasta el triple de lo admitido por la constructora.
En el caso dominicano las imputaciones se han basado solo en lo que Odebrecht ha confesado ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, con escasas especificaciones o pruebas fehacientes de sus sobornos en el país para que los jueces puedan dictar sentencias y solo en dos o tres casos se han reunido evidencias suficientes de enriquecimiento ilícito.
El escándalo desató las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia nacional, expresadas en la Marcha Verde, que pusieron presión al Gobierno y sus fiscales, a lo que se atribuyó las imputaciones originales al cabildero de Odebrecht y su abogado, y a 12 funcionarios y legisladores en mayo del 2017, pero de esta docena, 8 quedaron liberados 13 meses después, en junio pasado, 3 de ellos miembros del mayor órgano directivo del partido gobernante, mientras se incluyó a un tercero de la oposición política. La percepción generalizada es que se juega al paso del tiempo y la reducción de la demanda de castigo.
El liderazgo dominicano
La República Dominicana fue el tercer país en los niveles de los sobornos admitidos por Odebrecht, detrás de Brasil y Venezuela, pero el primero en términos proporcionales, de población, territorio y tamaño de la economía. Fue también después de Brasil, el lugar escogido por la constructora para establecer su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que manejaba sobornos y financiamientos de campaña, según confesiones de sus ejecutivos Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha.
Otra implicación particular del país fue que aquí estaban en plena asesoría de la segunda campaña electoral del presidente Danilo Medina Joao Santana y Mónica Moura, identificados múltiples veces como los expertos de Odebrecht en asistencia política, tras sus éxitos en los procesos que llevaron al poder a Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Despachaban en el Palacio Nacional (único caso conocido) hasta el 22 de febrero del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña para ser apresados y procesados.
El Ministerio Público y los organismos de control se han negado sistemáticamente a investigar los pagos recibidos por Joao y Mónica en el país: entidades sociales documentaron ante la Procuraduría General de la República que en los años 2013-14 empresas peruanas de Odebrecht hicieron 16 transferencias por un total de 4 millones 396 mil dólares a la compañía Cine&Art 2013 constituida por los asesores electorales en Santo Domingo. En julio pasado la diputada Faride Raful presentó una certificación de la Contraloría General de la República de que esa empresa y otra de los mismos asesores, Polis Caribe, recibieron contratos del Gobierno dominicano por más de mil 300 millones de pesos.
Serias inconsistencias
El expediente judicial armado por la PGR está cargado de inconsistencias, desde las primeras imputaciones, cuando el procurador Jean Alain Rodríguez dijo que “están todos los que son y son todos los que están”. A los 13 meses ya no estaban 8 de los 14 imputados, y se agregó un séptimo nuevo, Jesús Vásquez, quien había sido el secretario general del principal partido opositor, uniéndolo a su expresidente Andrés Bautista. Junto al exdirector del Inapa Roberto Rodríguez, y del agente de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga.
Al final, en el expediente que tramita el juez Francisco Ortega hay 3 procesados por sobornos del período de gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, incluyendo a 2 que presidieron el Senado cuando se aprobaron apenas 2 de los 17 contratos de Odebrecht, por un 5% de los US$5,957 millones involucrados en las obras. Del período 2004-16, cuando contrataron el 95% con múltiples escalamientos de costos, solo quedan procesados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el senador Tommy Galán.
Es inconsistente que ostentando el partido gobernante casi todos los senadores y mayoría absoluta de los diputados, tuvieran que sobornar a un solo legislador para aprobar, casi siempre al vapor y unanimidad oficialista, sus mayores contratos, incluyendo el de las plantas de carbón que involucran el 40% del total contratado. De esos años no se imputa soborno a ningún presidente de las cámaras legislativas. Los miembros del Comité Político del PLD, senador Julio César Valentín, Rhadamés Segura, exadministrador de la CDEEE, y el exministro Temístocles Montás, imputados en el 2016, quedaron liberados en junio pasado.
Si se quiere otra grave inconsistencia, vale verificar que el centenar de transferencias a cuentas de Rondón, en que se fundamentan las acusaciones de sobornos, fueron realizadas entre el 2007 y enero del 2015, todas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y cuando tenían total control de ambas cámaras legislativas.
Sistema de impunidad
Una demostración de que el caso Odebrecht cabalga sobre el sistema de impunidad prevaleciente en el país, es que a 2 años del escándalo no se hayan realizado las correspondientes auditorías forenses de las obras contratadas, y que la empresa transgresora haya seguido construyendo, amparada en un acuerdo con la PGR homologado por un juez el 19 de abril del 2007, el cual obligaba a la constructora a entregar toda la información que permitiría procesar a los beneficiarios de sus sobornos. Nunca se le ha exigido, por lo que el acuerdo fue bautizado como de silencio e impunidad.
Se creía que la auditoría era fundamental para determinar si hubo sobrevaluaciones que justificaran unos sobornos que la empresa ni la PGR han documentado de forma convincente. En realidad en casi todas las obras hubo escalamientos de precios con adendas a los contratos originales, en algunos casos hasta superiores al 100%, como en las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino y en la circunvalación de La Romana, todas ejecutadas en los gobiernos de Fernández y Medina. Las plantas de carbón no se sabe aún en cuánto terminarán sobre el contrato original de US$2 mil 40 millones, pues la constructora reclama otros US$708 millones.
Los ejecutivos de Odebrecht dieron testimonio judicial de que para obtener contratos mediante sobornos y financiamientos de campañas electorales, tenían un patrón de incremento de costos de alrededor del 22 por ciento, lo que en las contrataciones dominicanas implicarían unos US$1,119 millones.
Por más vueltas que se le dé al escándalo Odebrecht, lo que asoma es una burlesca impunidad sustentada en el control político de la justicia, en el paso del tiempo y el olvido, y sobre todo en que baje la marea de la Marcha Verde que obligó a las primeras 14 imputaciones, ya luego revocadas en su mayoría.
