La Junta Central Electoral (JCE)) está resuelta a hacer valer su decisión de impedir que los legisladores utilicen durante la campaña los fondos para promoción social que tienen asignados. Del mismo modo, pretende impedir que los dineros municipales sean utilizados en menesteres políticos vinculados al proceso. Son decisiones fundamentadas en el mandato de la Constitución que faculta al tribunal electoral para garantizar la equidad en el acceso a recursos.
Ahora bien, la JCE necesita medios que fiscalicen el cumplimiento de sus decisiones, y con esos fines ya solicitó la colaboración de la Cámara de Cuentas y la presidenta de este organismo, Licelot Marte de Barrios, ha respondido que el Pleno analizó la solicitud y “tomará la decisión que más convenga a los intereses de todos”, respuesta que cuelga en un limbo lo que hará o dejará de hacer esa cámara en cuanto al pedido.
Creemos que la Junta debería habilitar algún medio para que los ciudadanos puedan hacerle llegar denuncias sobre casos comprobados de violación de las disposiciones del tribunal electoral en cuanto a los recursos del Estado. Los organismos del Congreso y los gobiernos municipales deben también secundar la inquietud de la JCE, toda vez que redundará en beneficio de la esencia democrática del proceso. Hay una corriente de legisladores y alcaldes comprometidos a apoyarla.

Oigamos una tercera campana

El Consejo Ambiental de Constanza no se da por vencido en su defensa de la calidad ecológica de esa demarcación, que está siendo agredida y degradada por prácticas agrícolas y forestales insostenibles, de las que ese consejo ha mostrado abundante material gráfico. En cambio, el Ministerio de Medio Ambiente siempre trata de minimizar la importancia de las denuncias sobre la gravedad de la depredación boscosa y perforaciones de pozos, y alega haber actuado para corregir la situación.
Tal vez sería saludable que la Presidencia disponga que una comisión de expertos evalúe la situación creada en Constanza y rinda un informe pormenorizado al respecto, para que sean tomadas las decisiones pertinentes que eviten más daño del que ya se ha hecho por medio de prácticas agrícolas insostenibles.