A fin de cuentas, ¿quién paga los impuestos?

A fin de cuentas, ¿quién paga los impuestos?

POR BERNARDO HIRÁN SÁNCHEZ MELO
La propuesta surgida de los acuerdos entre el Gobierno dominicano y el empresariado para reformar el reformado sistema tributario dominicano, pretende adaptar la legislación tributaria a las exigencias establecidas por el Fondo Monetario Internacional, a los requisitos de la Organización Mundial del Comercio, a los aprestos que representa  formar parte del Tratado de Libre Comercio, conjuntamente, con los Estados Unidos de Norteamérica y naciones centroamericanas, lo que se ha dado en llamar RD-CAFTA-Centroamérica; teniendo como trasfondo lo que preocupa, por un lado, a las actuales autoridades: compensar las pérdidas en los ingresos que representa modificar la estructura del arancel y mantener la estabilidad macroeconómica mediante la generación de suficientes ingresos que permitan financiar el déficit fiscal.

En tanto, los representantes de los empresarios buscan lograr la neutralidad en la carga impositiva sobre el sector empresarial. Todo esto sin considerar el elevado déficit cuasi-fiscal del Banco Central de la República Dominicana, la necesidad de un sistema tributario sustentado en el crecimiento de largo plazo,  la imperiosa necesidad de elevar y eficientizar el gasto social  y, por supuesto, garantizar  la competitividad de los sectores productivos.

De modo que, de dos posibilidades que permite el uso del instrumento tributario: la de actuar en forma directa sobre la distribución del ingreso, y la de conseguir financiamiento para llevar a cabo una activa política de gastos o transferencias públicas, la referida propuesta se conforma con garantizar una cierta estabilidad en el corto plazo. No así, lograr un desenvolvimiento estable de la economía dominicana a mediano y largo plazo, que no amerite, en un futuro inmediato, recurrir a un nuevo expediente de reformas de tipo coyuntural, y ni pensar que cumple con el criterio de equidad, aspecto sobre el cual nos centraremos en lo adelante.

En efecto, el rol redistributivo de la reforma tributaria propuesta mantiene la inequidad en el sistema tributario dominicano por cuanto no considera una verdadera alteración a la distribución primaria del ingreso, que se lograría gravando en este caso el patrimonio con tasas que reflejen, realmente, las potencialidades recaudadoras de este tipo de impuesto. En ese orden, la propuesta contempla una compensación de tan sólo 0.02% del PIB, frente a un sacrificio fiscal de 0.16% del PIB;  de modo que por concepto del impuesto sobre el patrimonio el Estado dominicano recaudaría un 0.14% menos del PIB, hasta llevarlo a un reducido 0.10%, contrario a los requerimientos de incrementar este impuestos a los niveles de la década de los años setenta cuando en promedio representaba un 0.40% del PIB.

Así mismo se obvia el concepto de progresividad que debe existir en todo sistema tributario al no considerar el instrumento impositivo de forma tal que permita modificar la distribución secundaria del ingreso, a fin de tornar a la misma más igualitaria. En ese aspecto, se evidencia una tendencia generalizada hacia el fortalecimiento de los impuestos al consumo, cuyo máximo exponente es el impuesto al valor agregado, siendo esto compatible con la orientación de las reformas adoptadas en parecidas circunstancias, ya que el ITBIS es esencialmente un impuesto cuyo objetivo fundamental es el de recaudación, por lo que es considerado una “máquina de hacer dinero”. Lo que demuestra el interés del gobierno en compensar, por sobre todas las cosas, las perdidas fiscales, en detrimento del principio de equidad que debe primar en todo sistema tributario.

De modo que, la inclusión de más de 200 nuevos artículos con el propósito de ampliar la base imponible por concepto del ITBIS, incrementa su recaudación a un 5.47% del PIB, frente al 4.28% presupuestado para el 2005, es decir un 1.19% adicional a lo ya previsto por cobro de este impuesto. Es decir, se añade más carga a la población y se reduce la capacidad adquisitiva de la misma. A esto se añade el efecto que tiene sobre la población que recibe menos ingresos, la cual destina una mayor proporción del mismo al consumo en detrimento del ahorro familiar y la generación mínima de riquezas, que les permitan acumular ciertos bienes materiales que les permitan un mejor bienestar.

 Entonces, cabría hacerse la siguiente pregunta ¿Qué propósito tiene reducir los ingresos tributarios por concepto de impuesto al patrimonio e incrementar, a su vez, los ingresos por impuestos al consumo?  La respuesta es común a todo sistema tributario sustentado en los principales impuestos indirectos, tales como el ITBIS, selectivo al consumo, al comercio exterior: impedir que la reforma tenga vocación de convertirse en un instrumento que estimule una mejor distribución del ingreso, por cuanto este tipo de tributo que grava la mayor parte de la producción, la venta de mercancías y servicios son pagados, por personas de diferentes estratos de ingresos, en proporciones similares; de modo que los que reciben menores ingresos pagan, con relación a su respectivo nivel de ingreso, una mayor proporción, con excepción del impuesto selectivo al consumo, que grava, en limitados casos, ciertos bienes suntuarios que por lo general son los que consumen los estratos de mayores ingresos.

En ese sentido, las estadísticas evidencian el peso significativo que ocupan los ingresos por concepto de impuestos indirectos en el sistema tributario dominicano, al representar en las últimas tres décadas un promedio de 73.5% de los ingresos tributarios totales recaudados; elevándose este porcentaje a 77.17% de lo presupuestado para el año 2005, calculado sobre la base del presupuesto vigente y la reestructuración del sistema tributario propuesto. Es decir, los impuestos indirectos pasan ocupar un mayor peso específico en total de los recaudos del gobierno dominicano, los impuestos que afectan a todo mortal, inclusive aquellos que no visten y calzan.

Surge pues un reto para las autoridades y el sector empresarial, que en su planteamiento y solución debe ser seguido muy de cerca por todos aquellos que queremos vivir en un país mejor, que consiste en balancear los siguientes objetivos: el que sugiere cambios en la estructura tributaria tendente a producir un mejor sistema tributario en términos de equidad e instrumento de estabilización y crecimiento a largo plazo, y el de compensar ingresos fiscales para salvar los sacrificios que imponen los compromisos y acuerdos asumidos por el país.

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Bernardo Hirán Sánchez Melo es economista

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