El ataque a tiros del que saliera ileso la noche del miércoles el comentarista radial Euri Cabral debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias, y sus autores castigados con toda la fuerza que dispone la ley.

Se trata de una agresión que se produce apenas dos semanas después de que fuera asesinado en Azua el también periodista Juan Andújar y en momentos en que otros comunicadores han estado denunciando acoso y amenazas.

Cabral, quien participa en el programa «El gobierno de la mañana», que transmite la emisora Z-101, fue atacado bajo circunstancias que no dejan dudas en cuanto a intención, planificación cuidadosa y destreza en el manejo de armas por parte del o los atacantes.

Son ampliamente conocidas las posiciones sustentadas por este periodista a través del programa, en lo que concierne a aspectos de la vida política del país. Sin duda, sus comentarios afectan intereses de sectores poderosos.

Las autoridades están en el deber de ponderar cada una de las ramificaciones de este atentado y establecer motivaciones y autores, ya sea que se tratara expresamente de quitar de en medio a este comunicador, o transmitir, a través de su muerte, un mensaje de terror con aviesos propósitos.

Por lo pronto, debe garantizarse a Cabral y sus compañeros de labores en la Z-101 la protección necesaria, para que puedan desarrollar sus actividades sin temor a que se pueda intentar callar sus voces. La Justicia está en el deber de buscar respuestas a las interrogantes que ha abierto este atentado, y dar en su momento los pasos que conduzcan al castigo de sus autores y eventuales planificadores.

De voz en cuello

Contrario a lo que muchos creen, las pautas establecidas en el nuevo Código Procesal Penal no son materia de la exclusiva incumbencia de fiscales, jueces y abogados. Se trata de un instrumento que cada dominicano debe conocer en detalle y velar porque se cumpla, para sí mismo o para los demás.

Quienes están encargados de garantizar su aplicación y respeto, tienen el deber de promover su conocimiento entre los ciudadanos, de modo que todos nos familiaricemos con su contenido. Cada dominicano debe saber con claridad los deberes y derechos que se consignan en este texto que tiene por premisa el respeto de la libertad individual.

En el pasado fueron elaboradas y distribuidas en la población ediciones de bolsillo de la Constitución de la República. Su divulgación ha servido de mucho para que muchos ciudadanos se familiarizaran con sus disposiciones.

En cuanto al Código Procesal Penal nos permitimos proponer que además de ediciones de bolsillo de distribución gratuita, se incluya la enseñanza de su contenido en las escuelas y universidades, como materia complementaria en Ciencias Sociales.

Nuestra propuesta parte de la premisa de que siendo el Código Procesal Penal el instrumento de resguardo de la libertad individual, concebido para desterrar el abuso de poder, el conocimiento de su contenido, de sus pautas, es materia que concierne a todos, no solamente a jueces, fiscales y abogados.

Adicionalmente, sería de utilidad que la jefatura de la Policía y la Secretaría de las Fuerzas Armadas organizaran en destacamentos y recintos militares talleres que documenten a cada soldado, a cada policía, de los alcances de este instrumento. Prediquemos de voz en cuello su contenido.