El caos en el tránsito es cada vez más grave. El creciente número de vehículos se conjuga con la estrechez de las vías y la falta de rutas alternativas y pasos a desnivel, sobre todo en horas pico. A esto se añade que no hay sincronización de semáforos. Pero el peor de estos factores es la indisciplina de conductores, dueños de negocios y transeúntes que no respetan las regulaciones del tránsito, estimulados por autoridades que no hacen cumplir las normas vigentes.
A este mayúsculo desorden se enfrentan el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Metropolitana del Transporte con medidas que, si bien alivian el problema, dejan intacto el irrespeto a la ley, que es la peor parte del todo. Los retornos y otras soluciones que aporta Obras Públicas y los muros y conos que coloca AMET para controlar la circulación no servirán de mucho si no se ataca con la fuerza necesaria la violación de la Ley de Tránsito.
Para enfrentar este caos con posibilidades de éxito hay que olvidarse de los costos políticos que acarrean las soluciones drásticas. Aquí hay que tomar la Ley 241 en las manos y castigar con la fuerza que ella permite todas y cada una de las violaciones que se cometen a diario. El dominicano que conduce en otros países no se atreve a cometer allá las violaciones que comete aquí. Allá no se lo permiten, pero aquí sí.

Consumo responsable

El consumo de bebidas alcohólicas es causante del 70% de los accidentes de tránsito y una proporción también altísima de sucesos violentos. La restricción de las horas de venta de bebidas alcohólicas logró moderar esas secuelas, pero eso no ha sido suficiente. En aras de atacar este problema, el Ministerio de Salud Pública y las firmas licoreras han suscrito un acuerdo para impulsar una campaña que procurará un consumo responsable del alcohol.
Este ejercicio de responsabilidad social es un paso importante en un país que tiene uno de los consumos de alcohol más elevados en la región, con efectos desastrosos par la familia y la sociedad. Hay que lograr un cumplimiento cabal de las regulaciones sobre venta y consumo de alcohol, con un énfasis especial en los jóvenes, que son las principales víctimas de sus efectos.