Tegucigalpa.- Un juzgado de Honduras ordenó la apertura de juicio oral contra el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Cardona, implicado en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en el occidente del país centroamericano, informó hoy una fuente oficial.

El Ministerio Público de Honduras indicó en un comunicado que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa ordenó la apertura del juicio oral contra Cardona, para el que aún no hay fecha señalada.

El tribunal hondureño ordenó la apertura del juicio contra Cardona, quien está detenido en la capital, después de que el Ministerio Público cuestionó “los múltiples retrasos improcedentes» en el proceso judicial por parte de la defensa, pues desde agosto de 2017 la audiencia preliminar se reprogramó en cinco ocasiones.

Es por ello que el juzgado hondureño considera que “existen condiciones para culminar la etapa intermedia y continuar con la de debate”, y ordenó remitir el expediente en un periodo no mayor a 48 horas al Tribunal de Sentencia y poner a disposición al exfuncionario, recluido en la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel del país.

Para el juez hondureño que conoce la causa contra Cardona, según el Ministerio Público, la defensa ha dejado de “hacer uso del derecho que le asiste a su representado de contestar cargos, tratando con ello de dilatar injustificadamente el proceso, lo que constituye un acto de deslealtad con la Justicia».

Cardona es acusado de abuso de autoridad asociada a la ampliación de una licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace cuatro años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), con financiación de bancos extranjeros.

Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, se oponía al proyecto, en el occidente del país, por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas, lo que rechazan los ejecutivos de DESA.

El exfuncionario, detenido desde octubre de 2016, supuestamente autorizó en 2013 sin informar a la comunidad previamente la ampliación de la capacidad generadora de Agua Zarca de 14 a 21,7 megavatios, según denuncia del Ministerio Público.

Cardona, quien ostentó el cargo durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay ocho personas detenidas.

Además, autorizó el traslado de la obra de infraestructura del departamento de Intibucá a San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara, ambos en el occidente, y declaró que el proyecto era “ambientalmente viable”, agregó el organismo investigador hondureño.

El asesinato de la ambientalista fue ordenado por ejecutivos de DESA en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó un informe divulgado a finales de octubre del año pasado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE). Cardona también enfrenta cargos por tráfico de influencias en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto de Previsión del Magisterio, según la información.