Cuándo, cómo y dónde resulta correcto aparecerse al amparo de decisiones tomadas por autoridades competentes a ejecutar embargos sobre instalaciones o predios privados. Para diversos episodios de esta índole, incluyendo uno reciente en Santo Domingo, no habría respuestas dignas a estas interrogantes. Más bien algunas acciones sorpresivas de ese tenor mueven a presumir un extendido riesgo para la legitimidad de propiedades. Ha ocurrido una y otra vez, a veces con daños millonarios a bienes industriales como sucedió en más de una ocasión en perjuicio de una importante embotelladora. También en detrimento de una firma comercial de gran capital, cuyos propietarios y empleados situados en el sector de Bella Vista, quedaron acorralados y en humillación por la embestida de intrusos que luego tomaron las de Villadiego .

Son atropellos a plena luz con daños morales y materiales a partir de falsas o mal formuladas demandas, en ocasiones de carácter laboral. En nombre de las garantías jurídicas que deben amparan la actividad empresarial, la ley debe caer con todo peso sobre quienes no podrían justificar legalmente la toma por asalto de establecimientos, que para algunos casos se ha contado con la participación de agentes de la fuerza pública que no pudieron demostrar que cumplían órdenes de la superioridad policial o judicial, sino en mero servicio por contratos con particulares.

Infidelidades  hacia el Estado

Para no perderlo todo y porque en los hechos los gobiernos no han sabido históricamente defenderse de la morosidad en que incurren adquirientes de sus inmuebles, tienen sentido los descuentos que en ocasiones ofrecen la Administración de Bienes Nacionales y el Banco Nacional de la Vivienda a sus deudores. Habrá entre ellos quienes a partir de ser golpeados por adversidades, mostrarían una insolvencia por la que merecen consideración.

Pero de viejo en repartos habitacionales del sector público primaron criterios partidarios para beneficio de personas que con frecuencia no llegaban a creerse en la obligación de pagar mensualidades por los techos que llegaban a ellas desde una «ficción» llamada Estado, que no siempre ha tenido a quienes velen celosamente por la integridad de su patrimonio. ¡Hemos dicho!