Una buena parte de nuestra sociedad percibe, con justificado desaliento, que la ley ha sido puesta a la defensiva por la criminalidad, y que es un hecho contundentemente cierto que la inseguridad está virtualmente en todas partes.

En los barrios de la parte alta de la capital se aventura que los malhechores cometen entre diez y quince asaltos o atracos por día. Es una estadística simple, que deviene de lo cotidiano, del diario vivir.

Hay quienes entienden que, en alguna medida, a la delincuencia le ha convenido la puesta en vigencia de un Código Procesal Penal que tiene como punto fuerte el respeto de la libertad individual. Esta creencia encuentra soporte en casos como la puesta en libertad de un individuo al que el hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, identificó como su agresor.

Sobre este aspecto en particular, algunos entendidos cuestionan la oportunidad de la puesta en vigencia de un código que enfatiza en la garantía de la libertad individual, en momentos en que la autoridad y la justicia están en sus peores momentos, puestas contra la pared.

Por otra parte, aunque la Policía ha aumentado su presencia en las calles, tanto en términos numéricos como de activismo contra el delito, sus limitaciones materiales le impiden ser todo lo efectiva que se requiere. Se aprecia que ha mejorado la capacidad de respuesta ante los actos criminosos ejecutados, que ha habido presteza en la investigación, pero la prevención y la disuación no han mejorado de manera sustancial, perceptible.

II

A este aumento del deterioro de la seguridad ciudadana ha contribuido de manera decisiva la frecuencia y duración de los apagones, que son derivados de fallas estructurales en la conformación y manejo del mercado energético.

La falta de seguridad, inclusive, está estimulando el auge de empresas privadas especializadas, a muchas de las cuales la gente suele identificar como «policía».

En algunos sectores de la capital han sido organizados, a través de las juntas de vecinos, equipos de vigilancia nocturna con capacidad para prevenir y hasta enfrentarse a delincuentes.

Desde principios de su mandato, el Presidente Leonel Fernández estableció como norma de su Gobierno la tolerancia cero para la delincuencia, pero la acción disuasiva de los organismos represivos no ha logrado mermar los ímpetus de los grupos delincuenciales.

Los grupos criminosos desafían con tanta frecuencia la autoridad, que siguen produciéndose enfrentamientos a balazos en los cuales ha habido pérdida de vidas, como es el caso de un militar y un civil alcanzados por proyectiles en medio de una refriega entre narcos en el sector Capotillo.

Definitivamente, hay que crear medios efectivos que hagan valer la autoridad y que posicionen la ley y la justicia a la ofensiva, con el instrumento de la justicia como estandarte, pero sin treguas ni vacilaciones.

Por defecto, el dominicano es atento y alegre, pero la inseguridad y la ofensiva del crimen le está convirtiendo en paranoico y suspicaz, más allá de lo que la razón y la prevención pueden aconsejar. ¿Hasta cuándo vamos a estar a la defensiva?