Los planteles escolares públicos y privados quedarán abiertos desde el lunes y decenas de miles de estudiantes retornarán a las aulas para el inicio de un nuevo año escolar.

Una característica que se reafirma este año en lo que concierne a los colegios privados es el alza contundente de costos de matriculación, uniformes y material didáctico. Con un poder adquisitivo considerablemente mermado, son muchos los padres que han debido desplazar a sus hijos hacia los planteles del Estado, para poder hacerle frente a los costos.

Y persiste una situación de abuso que las anteriores autoridades de Educación quisieron resolver por medio de una «categorización» de los colegios privados para tratar de ajustar el monto de sus costos de matrícula a los costos de operación argumentados por los propietarios. La fórmula, en realidad, no ha dado resultados en términos de regulación, pues cada dueño de colegio maneja sus tarifas a su modo y conveniencia.

En el sector público hay mucho por resolver. Hay un número considerable de escuelas en mal estado, algunas con reparaciones paralizadas desde hace mucho tiempo y los hay que por esa razón están inhabilitados para acoger estudiantes. Y muy tarde, según parece, varios organismos encabezados por la Secretaría de Educación han empezado a coordinar una operación de acondicionamiento y aseo de planteles en todo el país.

Un aspecto preocupante, en cuya solución la Policía Nacional ha anunciado que se trabaja, es el de la seguridad en las escuelas públicas, sobre todo en  las tandas nocturnas. Las incursiones de antisociales en los planteles públicos constituye una seria amenaza para la continuidad de la docencia en algunos sectores capitalinos y comunidades provinciales. La seguridad de estudiantes y profesores ciertamente debe ser resguardada. Aunque parezca una medida odiosa, en los planteles deberían ser instalados detectores de metales que impidan el ingreso de personas armadas.

En fin, el año escolar comienza el lunes con más de lo mismo, sin muchas novedades.

Impunidad

Este país no tiene suficiente amplitud territorial como para que puedan «desaparecer» 68 guaguas de la OMSA.

Tampoco la tiene para que no aparezcan decenas de vehículos robados y recuperados por la Policía y que en vez de ser devueltos a sus legítimos propietarios, están en manos de oficiales de esa institución.

Y mucho menos puede justificarse que en nuestros cuarentiocho mil y tantos kilómetros cuadrados puedan caber dudas sobre el destino real dado a decenas de unidades del llamado Plan Renove.

Definitivamente, no es el área territorial lo que determina que aquí se hable de «omsas» desaparecidas, de vehículos robados, recuperados por la Policía y robados nuevamente por miembros que denigran el uniforme de la institución, o que se desconozca la ubicación de decenas de «renoves».

Hay que convenir que para que todo esto pueda ocurrir, simplemente se requiere de una alta dosis de un ingrediente que, según parece, abunda en nuestro territorio más que el aire que respiramos: impunidad.